Miércoles 5 de agosto de 2026.- De manera coordinada, las cuatro asociaciones que integran la Unión de Sindicatos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Usinah) solicitaron, por escrito y de manera pública, al director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, la realización de una reunión urgente ante las irregularidades detectadas en la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), en la que resultaron afectados siete mil trabajadores basificados.
Sin embargo, el secretario general de la sección INAH del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (Sndtsc), Omar Bautista García, se abstuvo a firmar documento, a pesar de las exigencias de los agremiados, quienes denunciaron la incapacidad, ineptitud, favoritismo, amiguismo y sumisión de su líder a favor de Vázquez Herrera.
El documento, con fecha 4 de agosto de 2026, fue signado por los secretarios generales del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, Ricardo Armando Martínez Magaña; del SN de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural (SNAA-SC-INAH), Carlos Migel Huitz Baqueiro; del SN de Restauradores (SNR) del INAH, Martha Estrher Cerón Ortega, y del SN de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas (Sntamtp) del INAH, Sergio Moreno Contreras.
Cinco son los propósitos que exigen para la reunión, tala el caso de informar el origen de las irregularidades detectadas, precisar el número de personas afectadas y los ejercicios fiscales involucrados, y dar a conocer las acciones implementadas ante el SAT para la regulación de los CFDI.
Asimismo, el garantizar por escrito que ningún trabajador asumirá consecuencias fiscales, económicas o administrativas derivadas de errores imputables a la administración institucional, y el establecer un calendario de seguimiento hasta la total regularización del problema.
También se remarcó que “la dimensión de este asunto exige decisiones inmediatas. La ausencia de información oficial y la falta de atención institucional no sólo prolongan la incertidumbre, sino que comprometen la seguridad jurídica de los trabajadores y debilitan los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas que deben regir la actuación de la administración pública”.
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