Miércoles 5 de agosto de 2026.- En los últimos siete años, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) ha autorizado el aprovechamiento de 53 bancos de materiales, ocasionando severos daños al medio ambiente, sobre todo, daños a la salud a consecuencia de las micropartículas, reveló el integrante de la asociación Lucha Maya Peninsular, Ramiro Rodríguez Cruz.
Reprobó la proliferación de las cementeras y caleras, así como las sascaberas y concreteras, al igual que las criberas y sitios de extracción de material de construcción, las cuales, generan más daños que beneficios, ya que las micropartículas que de ahí emanan afectan a menores de edad, personas con enfermedades crónico-degenerativas, y senescentes.
Reconoció que la mayoría de los bancos de materiales se autorizaron durante la administración de Mauricio Vila Dosal.
Comentó que de acuerdo con académicos y científicos de diversas universidades y centros de investigación del país, las micropartículas son causantes de al menos cinco padecimientos, tal el caso del Alzheimer y Parkinson, además de asma.
Enunció que entre los más afectados están los habitantes de Umán, así como de Flamboyanes, comisaría de Progreso, afectados por cementeras y caleras, y ése último poblado, durante la temporada de nortes y fretes fríos, las micropartículas impactan en las colonias y fraccionamientos del norte de Mérida.
De acuerdo con Taller Agrario, del total de bancos de materiales autorizados hasta el momento la polémica prevalece en Xcucul Sur, Tebec y Yaxcopoil, comisarías de Umán, así como en Xmatkuil, poblado de Mérida, y en Baca, de los cuales, algunos fueron clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“Estas empresas mineras tienen un padrón de uso del contrato de usufructo para asentarse ilegalmente en los territorios, con contratos leoninos que les permiten una estadía, hasta por más de 30 años”, se estableció.
Recientemente, la empresa Productos de Roca Peninsulares, propiedad de Ariel Medina, retiró los sellos de clausura del banco de materiales de Baca, quien con autorización de la SDS comenzó a deforestar en 2024, en 2025 empezó con las primeras detonaciones y en abril de 2026, los pobladores denunciaron lo ocurrido.
El también presidente de Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México (Idimsa), a través de esta constructora recibe millonarios contratos del gobierno federal.
Finalmente, se recomendó que antes de autorizar las obras, las autoridades estatales y federales deben vigilar que se cumplan las normativas ambientales y sociales, además de realizar procesos de consulta previa, libre e informada a las comunidades.
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