Tras la implementación de la reforma laboral en Yucatán, el acceso a la justicia para los trabajadores se transformó de manera trascendental, al atender tres mil 738 casos y concluido 952 asuntos, con apoyo de la tecnología y la conciliación como una de las vías preferidas para la solución de conflictos.
A dos años de la citada reforma, que permitió la creación del Tribunal Primero Laboral y el Tribunal Segundo Laboral, los acuerdos conciliatorios pasaron del 29 y 36 por ciento en los Tribunales Segundo y Primero, respectivamente, hasta alcanzar el 50 porcentual, con apego a lo establecido a la Ley Federal del Trabajo.
En el período enunciado, los jueces laborales han celebrado 426 audiencias y dictado 92 providencias cautelares para proteger a trabajadoras despedidas por embarazo o discriminación de género, garantizando su acceso al seguro social mientras duran los juicios.
De acuerdo con el Poder Judicial del Estado, estas medidas son parte de una política judicial con perspectiva de género.
Con la finalidad de proteger a las personas trabajadoras en las audiencias laborales, en aquellos casos que involucran contextos de violencia, se ha acondicionado en los Tribunales Laborales espacios especiales que garantizan su protección.
Además, en casos que involucran a menores de edad, se dictaron tres sentencias en formato de lectura fácil, garantizando su derecho a la información y al acceso a la justicia, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ambos tribunales, con jurisdicción en todo el Estado, han mejorado la capacidad de respuesta del sistema judicial y adoptado innovaciones tecnológicas como la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación (Firel) y el buzón electrónico laboral, facilitando la emisión de acuerdos digitales y la notificación electrónica a las partes.
Actualmente, mil 634 usuarios están registrados en el sistema de notificaciones electrónicas.
Con el objetivo de atender la creciente carga de trabajo que enfrentan los dos tribunales actuales, se prevé la apertura de un nuevo tribunal en 2025. Esta medida busca mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de más de dos millones de habitantes en Yucatán.
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