Debido a la presencia de supuestos funcionarios federales que “asesoran” a ejidatarios cuyas tierras están en zonas arqueológicas, para tramitar la respectiva indemnización, el Instituto Nacional de Antropología e Historia interpondrá una denuncia federal por usurpación de funciones y otros delitos, anunció el director del Centro INAH-Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas.
Ante el pago otorgado a los ejidatarios de Chablekal, comisaría de Mérida, por sus tierras en Dzibilchaltún, así como el proceso de indemnización de los terrenos de Uxmal, y la propuesta para expropiar el área ejidal de Chichén Itzá, aparecieron supuestos funcionarios que asesoran a los campesinos de Ek´Balam.
Por ende, la institución interpondrá una denuncia penal en contra de asesores jurídicos que usurpan funciones, ya que se acreditan como “asesores del gobierno federal”.
Incluso, cuentan con unas apócrifas credenciales que los avalan como “empleados del gobierno federal”, por lo que recomendó a no dejarse convencer por este tipo de personas.
“En la administración pública federal no existe grupo alguno de asesores que visite a las comunidades, en las cuales tiene una relación con el INAH o el propios gobierno federal”, acotó.
Sugirió a los alcaldes, funcionarios municipales, comisarios ejidales, así como a los artesanos, a que no se dejen engañar, ya que el INAH ni el gobierno federal realiza visitas a través de asesores jurídicos”.
Asimismo, los convocó a que acudan a las delegaciones del INAH o de la Secretaría de Gobernación para que se asesoren o realicen sus correspondientes trámites, todo ello de manera gratuita.
El problema radica en los beneficios que el INAH ha brindado a los ejidatarios de diversas poblaciones aledañas a zonas arqueológicas.
El 13 de julio de 2022 se realizó el primer pago a favor del núcleo agrario de Chablekal por la expropiación de la Zona Arqueológica de Dzibilchaltún por un monto total por 30 millones de pesos.
Asimismo, el 27 de diciembre de 2022 se anunció la adquisición de las más de 57 hectáreas que conforman el núcleo de la Zona Arqueológica de Uxmal, cuyo monto del terreno es evaluado, para indemnizar a los ejidatarios para comprar conforma a la Ley la superficie donde se encuentran los principales monumentos arqueológicos como son el Templo del Adivino, el Palacio del Gobernador y el Patio Hundido, principalmente.
Ante la protesta y cierre de la carretera 180, específicamente en el tramo de Xcalakoop-Pisté, por parte de los ejidatarios, artesanos, ambulantes y guías de turistas de Chichén Itzá, se estableció el compromiso del gobierno federal por adquirir los terrenos ejidales.
Por ende, los ejidatarios de Ek’Balam pretenden obtener recursos, pero de acuerdo el funcionario federal, están mal asesorados, ya que en el sitio no hay terrenos ejidales.
Hasta el momento ya son cuatro de 17 zonas arqueológicas abiertas al públicas, ubicadas en 12 municipios, por lo que podría haber problemas con el caso de Acanceh, Aké, Chacmultún, Grutas de Balamcanché, Grutas de Loltún, Izamal, Kabah, Labná, Mayapán, Oxkintok, Sayil, Xcambó e Xlapac.
Finalmente, Chab Cárdenas descartó la realización de acciones legales en contra de manifestantes, tal como se difunde a través de falsos comunicados de prensa.

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