- Los 11 funcionarios y empresarios no acuden, por «tener mucho trabajo»
- Ilegal donación de terreno de 9 has, del Ayuntamiento al gobierno del Estado
Bajo el pretexto de “tener mucho trabajo”, los 11 funcionarios y empresarios vinculados en la ilegal donación de un terreno perteneciente a la Central de Abastos de Mérida se negaron acudir a la audiencia realizada en el Juzgado Segundo de Control de Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, para lo cual enviaron un documento a través de sus respectivos abogados.
A pesar del desinterés de los probable implicados, el debate inició a temprana hora, y fue notable la postura del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) al defender a los acusados.
En todo momento, durante la prolongada sesión “defendieron lo indefendible”, tal como lo expresó el presidente de la Unión de Comerciantes de la CAM, Luis Moisés González Ojeda, quien reprobó la actitud de los abogados pues “fue evidente que tenían línea”.
Luego de poco más de cuatro horas, la jueza Elsy del Carmen Villanueva Segura optó por establecer un receso, debido a la complejidad del caso, por lo que en fecha aún por definir reunirá a todos los implicados.
Los afectados expresaron que los integrantes de la junta entregaron al Ayuntamiento de Mérida un terreno de nueve hectáreas que no le pertenecía, el cual fue donado al gobierno del Estado, para la construcción y funcionamiento de la Escuela Normal de Educación Primaria de Yucatán (Enepy) “Rodolfo Menéndez de la Peña”.
De manera inmediata, la FGE refutó la versión pero lo más sorprendente del caso, fue que los profesionales de derecho aseveraron que tampoco los locatarios de la CAM son los propietarios, es decir, para ellos, el lugar no tiene dueño.
Ante los diversos absurdos por parte de la FGE, la representante del Poder Judicial del Estado determinó que analizará la documentación del posible fraude cometido por las autoridades municipales y estatales, para luego continuar con la audiencia, donde ambas partes presentarán sus alegatos.
Asimismo, advirtió que los posibles responsables se abstienen a presentarse, a pesar que se les da la oportunidad de defenderse, pero al final se tomará la respectiva decisión jurídica.
En esta ocasión, luego de dos fracasos, se logró dar con los implicados en el caso, quienes fueron citados a presentarse en la respectiva audiencia, pero no acudieron, pero entregaron un documento en el cual, coincidentemente, todos manifestaron que el trabajo les impide asistir.
En la carpeta administrativa 94/2022 se enuncia a 12 servidores públicos, pero en esta audiencia se reconoció el fallecimiento de uno de ellos, específicamente Miguel Ángel Gutiérrez Machado, ex secretario técnico, operativo y coordinador de paramunicipales, quien perdió la vida a consecuencia del Covid-19.
Por tercera ocasión no acudieron Paulino Hernández Herrera, autonombrado “líder” de la Unión de Mayoristas de la Central de Abastos de Mérida, así como la ex regidora y la administradora de la CAM, Nora Argelia Pérez Pech.
Al Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) también debieron de acudir el representante del presidente municipal de Mérida, durante el trienio 2018-2021 y presidente del Consejo de Administración, Alejandro Iván Ruz Castro.
Asimismo, se citó a Laura Cristina Muñoz Molina, en su calidad de directora de Finanzas; Gonzalo Navarrete Castilla, de la Dirección de desarrollo Económico; así como el ex regidor Eduardo Seijo Solís.
De igual forma, se invitó a acudir a Ignacio Gutiérrez Solís, consejero jurídico del Ayuntamiento, y se solicitó la presencia de Michel Salum Francis.
Todos ellos debieron comparecer a la denuncia penal interpuesta por el presidente de la Unión de Comerciantes de la CAM, Luis Moisés González Ojeda, y al no acudir se les multaría con mil 924.40 pesos.