Hoy, nueve de los 12 funcionarios y empresarios vinculados en la ilegal donación de un terreno perteneciente a la Central de Abastos de Mérida se negaron acudir a la audiencia realizada en el Juzgado Segundo de Control de Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, por lo fueron multados ante la desidia para demostrar su inocencia.
Asimismo, en esta ocasión, fue el juez Santos May Tinal quien a regañadientes reprobó el trabajo de los representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que no se localizó a tres de los implicados en el polémico caso, entre ellos al representante del gobernador Mauricio Vila Dosal, al mismo tiempo que rechazó las excusas, las cuales consideró de infundadas ya que no ejecutaron una labor profesional de investigación.
Por tal motivo, les dio un plazo de siete días hábiles para notificarle la localización del domicilio de los tres faltantes, así como su ubicación, pues le advirtió que no tiene sentido “que otros casos, la FGE dé con las personas, pero en esta ocasión no”, por lo que cuestionó a la representante de la dependencia “¿acaso tiene algún compromiso con ellos?”.
En la carpeta administrativa 94/2022 se enuncia a 12 servidores públicos, pero en esta audiencia se reconoció el fallecimiento de uno de ellos, específicamente Miguel Ángel Gutiérrez Machado, ex secretario técnico, operativo y coordinador de paramunicipales, quien perdió la vida a consecuencia del Covid-19.
El evento inició a las 9:16 horas y el juez reconoció la evasión de ocho de ellos, pues “no hay el interés de comparecer” en el esclarecimiento de los posibles hechos delictivos cometidos durante la “donación” de nueve hectáreas de terreno propiedad de la Central de Abastos de Mérida para la construcción y funcionamiento de la Escuela Normal de Educación Primaria de Yucatán (Enepy) “Rodolfo Menéndez de la Peña”, el cual lo realizó el Ayuntamiento de Mérida, en beneficio del gobierno del Estado.
Sin embargo, en tres casos se localizó el domicilio de los presuntamente implicado, pero no se dio con ellos, ya que supuestamente cambiaron de domicilio o nadie había, por lo que la FGE no efectuó otra labor para dar con ellos, y por tal motivo, no se le entregó la respectiva notificación.
En el caso de Roberto Felipe Osorio Robertos, de la Administración General de la CAM, la excusa de la FGE fue que “hace un año que no vive ahí”.
Mientras que en el caso de Carlos Gamboa Ponce, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servitur), el pretexto fue que “no se ubicó el domicilio” en la dirección que proporcionó la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Y Luis Felipe Martín Oroza, representantes de Vila Dosal, de quien se dijo “no existe el predio”
El juez cuestionó a los representes de la FGE el motivo por el cual no se efectuó otra investigación para dar con los tres mencionados, y diversas fueron las excusas, y pretendieron responsabilizar a la jueza Elsy del Carmen Villanueva Segura, por lo que fue evidente el círculo vicioso.
Sin titubear, May Tinal afirmó que “la capacidad intelectual y profesional permite que cuando se desconoce el domicilio (de una persona) se pide información al gobierno estatal y municipal, pero la FGE no lo realizó en este caso”.
Al cuestionar sobre el motivo por el cual no se realizó tal acción, la respuesta fue contradictoria, y en varias ocasiones les preguntó qué debieron hacer para dar con la dirección correcta, pero ninguno de los tres respondieron.
Ante la negligente actitud, el representante del Poder Judicial del Estado les aseveró que debieron pedir información a través del Instituto Nacional Electoral (INE), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), la Comisión Federal Electoral (CFE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y/o el Ayuntamiento de Mérida.
“No entiendo porqué no lo hicieron, ya que no hay un impedimento jurídico o material ¿acaso hay algún compromiso con ellos?”, les dijo.
Prosiguió con el reclamo al aseverar que “en otros casos, en automático realizan la búsqueda de las personas, no se lo tiene que decir el juez para que cumplan con la notificación”.
La FGE pretendió deslindarse y responsabilizó a la PEI de la SSP, por lo que el juez expresó “¿confían en la policía? La búsqueda y localización de una persona es una obligación constitucional de la Fiscalía”, pero en este caso hay una falta de profesionalismo, ya que los tres representantes de la dependencia estatal llevan años laborando en tal cargo.
Ante la omisión de no ejercer un trabajo profesional, a la FGE se le dio plazos para que cumplan con su deber.
Por ende, se le otorgó 24 horas para generar y entregar los oficios a las dependencias municipales, estatales y/o federales; así como cinco días hábiles para obtener la respectiva información, y luego, 24 horas para informar al juez y al promovente el resultado obtenido.
A las 9:52 horas, el juez optó por suspender la audiencia, ya que no estaban presentes las personas denuncias ni se notificó a tres de ellos.
Por segunda ocasión no acudieron Paulino Hernández Herrera, autonombrado “líder” de la Unión de Mayoristas de la Central de Abastos de Mérida, así como la ex regidora y la administradora de la CAM, Nora Argelia Pérez Pech.
Al Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) también debieron de acudir el representante del presidente municipal de Mérida, durante el trienio 2018-2021 y presidente del Consejo de Administración, Alejandro Iván Ruz Castro.
Asimismo, se citó a Laura Cristina Muñoz Molina, en su calidad de directora de Finanzas; Gonzalo Navarrete Castilla, de la Dirección de desarrollo Económico; así como el ex regidor Eduardo Seijo Solís .
De igual forma, se invitó a acudir a Ignacio Gutiérrez Solís, consejero jurídico del Ayuntamiento, y se solicitó la presencia de Michel Salum Francis.
Todos ellos debieron comparecer a la denuncia penal interpuesta por el presidente de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos de Mérida, Luis Moisés González Ojeda, y al no acudir se les multará con mil 924.40 pesos.