El periodista maya independiente Edwin Artemio de la Cruz Canché Pech recibió ayer una disculpa pública debido a las agresiones cometidas contra él en 2014, por parte del hoy ex alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim.
A las 17:00 horas. del pasado miércoles 22 de junio, en el Palacio Municipal de Seyé, el Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Mérida, presidió el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en favor de Edwin Canché, derivado del proceso penal abierto en 2014 por los delitos de abuso de autoridad y lesiones cometidos contra el periodista por parte del ex alcalde de Seyé, el ex director de la policía municipal y otros dos ex policías municipales.
Durante el acto, cada uno de los sentenciados ofreció una disculpa al periodista por haberlo agredido con motivo de su labor periodística el 1 de enero de 2014.
Además, dichos sentenciados reconocieron la importancia del derecho a la libertad de expresión y de información y manifestaron que no volverían a cometer actos de repetición que afectaran estos derechos ni que atentaran contra el ejercicio periodístico de Edwin Canché, quien aceptó las disculpas ofrecidas y además manifestó la importancia de que se respetara la labor de la prensa por parte de las autoridades.
Lo anterior constituye una culminación en el proceso de justicia, verdad y reparación a favor del periodista, después de ocho años de los hechos.
Article 19 y el Equipo Indignación consideraron de importante este acto como parte del derecho a la reparación del periodista, por lo que exhortaron a las autoridades de Seyé, a cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el libre ejercicio periodístico de Edwin Canché y de cualquier periodista en el municipio, cuya labor es imprescindible como parte de una sociedad democrática.
El 1 de enero de 2014, Edwin Canché, entonces corresponsal del Diario de Yucatán, salió a cubrir un choque que causó daños en el domicilio de una habitante en Seyé por un familiar del entonces alcalde Ermilo Dzul Huchim. Mientras realizaba su labor informativa, el periodista fue detenido arbitrariamente por cuatro policías municipales quienes le golpearon en el trayecto al Palacio Municipal.
Los agentes policiales sujetaron y golpearon al periodista de los brazos con fuerza mientras que el alcalde le recriminaba sus coberturas, diciendo que estaba ya harto de su crítica. Además de los golpes propiciados, le arrebataron su equipo de trabajo y borraron los archivos del celular; entre ellos fotos y un vídeo de la detención arbitraria perpetrada por los agentes.
Tras casi una hora de encierro y golpes por parte de los policías, el edil ordenó que liberaran al comunicador.
Negación de la tortura
El lesionado, en conjunto con sus representantes legales, el Colectivo Indignación y Article 19, denunciaron los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y ante la Delegación de la Procuraduría General de la República en la entidad, asimismo, iniciaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
La Fiscalía inició un proceso por los delitos de lesiones y abuso de autoridad, gravemente subestimando los hechos, por lo que las organizaciones representantes solicitaron la reclasificación de los delitos a tortura y privación ilegal de la libertad, El Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán, quien llevó el proceso, se negó en diversas etapas a clasificar adecuadamente los hechos.
Las mismas comisiones de derechos humanos fueron partícipes de la negación de la tortura a Edwin Canché.
En noviembre de 2015, la Codhey negó, que casi una hora de golpes y amenazas constituyeron tortura.
El periodista y sus representaciones legales impugnaron la recomendación y más de un año después, en enero de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) convalidó la negativa de la Codhey.
En sus consideraciones la CNDH, ignoró la definición de tortura enmarcada en los estándares y definiciones en la materia de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura así como la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en Yucatán.
El proceso contra los servidores públicos agresores se siguió por los ya mencionados delitos, bajo los cuales fueron finalmente sentenciados.
En este tiempo Edwin Canché se enfrentó a un aparato de justicia burocrático e indolente.
En 2014 el caso fue atraído e integrado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la entonces PGR. Sin embargo, las autoridades estatales quisieron negar también su calidad de periodista y negar dicha atracción.
En un juicio de amparo que conoció el Tribunal Unitario de Campeche, el magistrado se quiso presumir que Canché no demostraba ser periodista con alguna credencial o contrato de algún medio de comunicación, lo cual implicaría que todo el proceso penal regresaría al fuero común en Yucatán.
Una vez más, se impugnó la decisión y el 1 de marzo de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución trascendente para la libertad de expresión en México, al reconocer la perspectiva amplia y funcional del periodismo, visto como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.
Afortunadamente, en el 2019, cinco años después de los hechos, el Juzgado Quinto de Distrito en Mérida, Yucatán, dictó sentencia condenatoria contra Ermilo Dzul Huchim y cinco policías municipales, incluido el director de la corporación.
Y casi tres años después, con fundamento en los artículos 21 y 41 del código federal penal de procedimientos penales ordenó llevar a cabo el desahogo de la diligencia del Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública, disculpa que tomó lugar el día de ayer, 22 de junio de 2022.
A lo largo de ocho años, Edwin Canché ha sigo objeto de muchas otras agresiones en vínculo con la labor informativa, desde amenazas de muerte y desaparición, campañas de desprestigio y bloqueos informativos, por lo que el periodista no sólo una injusticia, sino una serie de agresiones las cuales buscan continuamente intimidar y generar una autocensura.
Esto es relevante pues las autoridades de todos los niveles deben implementar acciones que garanticen la no repetición, reparación del daño y otras medidas preventivas que aseguren procesos de justicia restaurativa para la prensa y la sociedad, pues hasta hoy son cientos de periodistas en México que son víctimas de violencia cada día, reiterando los altos niveles de impunidad en el país.