- Para darlos en adopción
MÉRIDA, Yucatán.- En el marco del Día del Niño, la defensora legal Dariana Quintal Narváez recalcó que en Yucatán impera una mafia de corrupción y tráfico de menores de edad integrada por funcionarios de diversas dependencias del Gobierno del Estado, quienes se encargan de arrancar a niños de su seno familiar para entregarlos a políticos, empresarios, artistas, homosexuales y/o extranjeros.
Detalló que esta red de trata de infantes no es nueva, ya que las primeras pruebas de esos ilícitos datan de 2014, cuando a pesar que el entonces gobernador Rolando Zapata Bello sabía de la problemática nada hizo al respecto.
Lo grave es que el mismo fenómeno se replica actualmente con el titular del Ejecutivo, Mauricio Vila Dosal.
La activista apuntó que en esta red de tráfico de menores las familias mayahablantes y marginadas son las que más sufren de los atropellos, injusticias y despojos cometidos por personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), quienes están confabulados con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE). Explicó que por su situación económica, estas familias tienen muchas limitaciones y no pueden contratar a un abogado para poder recuperar a sus hijos.
Afortunadamente, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, así como jueces federales ya tomaron cartas en el asunto para el esclarecimiento de la grave problemática que en su momento no quiso resolver el gobernador Zapata Bello y que prevalece ante la desidia de Vila Dosal.
MODUS OPERANDI
Dariana Quintal detalló el modus operandi de las autoridades coludidas. La Prodemefa primeramente cita a una familia bajo el argumento de que los padres fueron denunciados de manera anónima por maltrato infantil. Cuando están en las oficinas, el personal de la dependencia se lleva a los infantes a una supuesta área de psicología para investigar la situación, donde ya no los regresan con sus padres.
Resaltó que la Prodemefa les niega a las familias cualquier tipo de información sobre el caso, por lo que no tienen la manera de solicitar un amparo para que sus hijos estén de vuelta.
“Una vez que los niños están a cargo del estado, es la Prodemefa la que se encarga de canalizar a los niños al Centro de Atención Integral al Menor de Edad en Desamparo (Caimede) y es así donde empieza toda esta línea de corrupción, de tráfico de menores. Hoy por hoy puedo decir que se ha venido traficando con niños, estos niños que han sido despojados de sus padres”, acotó.
Esa red de tráfico de menores ha contado con la complicidad de funcionarios sin escrúpulos que maquillan expedientes a través de las Agencias Investigadoras de la FGE, los cuales son enviados a jueces que sin verificar la autenticidad de los hechos son parte de las atrocidades que se cometen en contra de los menores yucatecos y sus familias.
El caso Yucatán ha llegado hasta la Secretaria de Gobernación, cuya titular ordenó una investigación a través de la Vicefiscalía Anticorrupción, lo que no augura nada positivo debido a los múltiples casos que involucran al Gobierno del Estado.
Recordó que tan sólo en 2016, había cerca de 480 menores de edad que estaban en un proceso de investigación por parte de la dependencia perteneciente al Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de los cuales, unos 300 fueron enviados al Caimede y al Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay), pero se desconoce el paradero del resto.
Desafortunadamente, se desconoce el número de infantes que fueron “atendidos” por la Prodemefa de 2017 a la fecha, debido al hermetismo que prevalece en la dependencia, pues se trata de una estrategia para mantener vigente la mafia de corrupción y tráfico de menores de edad.
“Se priva la libertad de la víctima pero no del agresor, todo ello para el beneficio de terceras personas”, acotó la titular del “Movimiento Yucatán… ya no más negocios con nuestros hijos”.
Quintal Narváez comentó que detectó la anomalía en 2014, cuando la red de tráfico de menores era coordinada por la titular de la Prodemefa, Cinthia Giuliana Pacheco Garrido, la cual, debido al cambio de administración fue sustituida por Irene Torres Ortegón, quien continuó con la ola de corrupción.
“En esta red están involucrados procuradores, trabajadores sociales, psicólogos y abogados, quienes hacen informes a modo, omiten información a los jueces, sobre el estado emocional y psicológico de los menores, no realizan el trabajo correspondiente, y a pesar que Prodemefa es una institución administrativa, toma atribuciones que no le corresponden, como el emitir dictámenes”.
LA FISCALÍA
El tentáculo de la red de corrupción y tráfico de menores de edad lo conforma la Agencia 29 de la FGE, la cual es especializada en niños y adolescentes, cuya titular, Arminda Guadalupe Ciau Flores, fue removida hace dos meses, a otra agencia, debido a las denuncias interpuestas en su contra.
Ciau Flores se encargaba de retrasar el proceso de las carpetas de investigación, así como también de la desaparición de documentos a modo, no ordenaba el desarrollo de diligencias, a pesar que de debían de realizar de manera inmediata por tratarse de menores de edad, entre otras anomalías.
A lo largo de siete años, no hay un solo pronunciamiento al respeto, la problemática es ignorada por funcionarios, legisladores locales y titulares de organismos no gubernamentales.
Durante la entrevista, afirmó que la corrupción no tiene límites y ejemplificó el caso de la ex diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, emanada del Partido Acción Nacional (PAN), quien le arrebató sus dos hijos a Adrián Acevedo, situación que notificó en la Ciudad de México.
Comentó que el afectado fue citado junto con su esposa, y ya en la Prodemefa lo despojaron de sus dos hijos menores, acusándolo de un supuesto delito de abuso sexual en contra de uno de los menores.
En el aquel entonces, la titular de Prodemefa, Cinthia Giuliana Pacheco Garrido, rechazó en dos ocasiones el dictamen del Juez Segundo de lo Familiar, e incluso, se fue a un amparo, lo que retrasó el proceso.
Posteriormente, Adrián Acevedo, a través de sus abogados se determinó el no ejercicio de la acción penal y, aun así, Pacheco Garrido, sin tener facultades para ello, tomó atribuciones que no le correspondía por ser una instancia administrativa y le da la custodia de los niños a familiares de la esposa del señor Adrián, al tiempo que empiezan a promover un juicio de pérdida de patria potestad, para poder dar a esos menores en adopción a la ex diputada.
Quintal Narváez expresó que recientemente presentó una denuncia en contra de la ex encargada de la agencia de la FGE, Arminda Guadalupe Jesús Ciau Flores, ex titular de la Agencia 29, ya que “ella fue quien estuvo haciendo malos manejos en contra de varias familias como los casos de la señora Daniela, Nelby, el señor Irving, esta fiscal fue la que hizo y deshizo de estos casos, por lo que hasta hoy no se ha podido resolver…”, dijo.
Ante la nula respuesta, en marzo de 2020 empezó a realizar gestiones a nivel federal, viajó a la Ciudad de México para llevar expedientes donde se relataba cada uno de los casos con las pruebas de todas las omisiones, irregularidades, corrupción e injusticias cometidas por la Prodemefa, con la complicidad de algunos servidores públicos de la FGE, adscritos a la Agencia 29.
Explicó que con el apoyo del diputado federal Limberth Iván Interian Gallegos, se entregó la documentación a la titular de la Segob, la ex magistrada Olga Sánchez Cordero, pidiendo una investigación del caso, de lo cual ya se tuvo una respuesta.
Destacó que en la Vicefiscalía Anticorrupción existe una carpeta de investigación, incluso Sánchez Cordero envió oficios a diferentes dependencias para llevar a cabo la investigación, pero desconoce el avance de las pesquisas, porque a los denunciantes se les tiene que notificar y requerir para el caso.
Refutó las denuncias de la actual titular de la Prodemefa, Teresita de Jesús Anguas Zapata, pues la funcionaria aseveró que “todos esos casos han sido atendidos y se ha actuado de manera correcta”.
“Quiero desmentir a la titular de la Prodemefa y pedirle a Anguas Zapata que se conduzca con honestidad y que haga a un lado las bajezas, que deje de seguir violentando a todas estas personas, porque es una burla que ella diga que a la señora Daniela, por injustas razones le quitan a su hija, se la llevan a Quintana Roo y que al día de hoy no sepa en dónde está su hija”, abundó.
“Que hayan retenido a la menor en el Caimede y que jamás le hayan avisado, teniendo ella la custodia de su pequeña, ni siquiera sepa a quién le entregaron a su menor hija”, expresó la abogada.
La entrevistada denunció que en el Caimede además frecuentemente se registran delitos sexuales, cometidos en contra de los menores de edad, por lo que “no es un lugar seguro para niños, y mucho menos para niñas”.
Ejemplificó el caso de una menor de edad, de 12 años, que fue violada por parte de uno de los custodios, y quedó embarazada.
La chica pidió ayuda a la Prodemefa por lo que la trasladaron al Caimede para que naciera su hijo, después las autoridades le solicitaron a la niña que supuestamente registrara al pequeño ante el Registro Civil, pero en realidad madre e hijo fueron dados en adopción.
“La Prodemefa no tenía por qué tomarse esas atribuciones porque la niña tenía a su mamá, a quien correspondía tomar las decisiones sobre la bebé producto de una violación, independientemente de eso, también era una decisión que le correspondía tomar a la familia de la niña”, abundó.
Confió en que el actual titular de la FGE, Juan Manuel León León, de atención a todos esos casos de injusticias en contra de madres y padres de familia, y que sean castigados los servidores públicos que han atentado contra la integridad emocional, física, psicológica y económica en contra de esas familias y principalmente de esos niños.
“En la FGE hay procuración e impartición de justicia a modo, si me conviene decir que la mujer es violentada, lo voy a hacer valer, si me conviene decir que el hombre es violento, también me voy a agarrar de ahí, entonces de qué se trata esto, de ahí que estamos pidiendo también al gobernador Mauricio Vila que es a quien corresponde la situación de Prodemefa por pertenecer al Ejecutivo, que de atención a lo que está pasando”, abundó.
LOS CASOS
“Las mujeres que acuden a denunciar un hecho o a pedir la intervención de la Procuraduría por las injusticias o atropellos que están viviendo durante la relación o separación de sus parejas, terminan siendo las victimarias, debido a que su pareja aporta dinero o recurre al padrinazgo, amiguismo o influencias de conocidos en el gobierno o en la dependencia, para que ellas sean condenadas”, reveló la defensora.
Citó varios casos como el de la señora Nelly Arjona a quien terminaron por quitarle a sus hijos y condenarlos al centro violador en que se ha convertido el Caimede, donde la corrupta Ciau Flores operó para acusarla de maltrato, a pesar que la denuncia había sido por abuso, violación y pederasta de una persona de 44 años de edad.
Quintal Narváez menciona que tiene el caso de la señora Minerva Rodríguez Gómez y también el de Cinthia Ileana Pacheco Garrido, donde “la señora ha sufrido de violencia lo que ustedes no se imaginan por parte de su marido y de las mismas autoridades. Se tiene el estado de salud de la señora de verdadero elevado estrés, derivado por la separación de sus hijos ante la impotencia que siente de las autoridades a las que ella recurrió, lejos de ayudarla, Prodemefa le quita a sus vástagos. Han pasado ocho años y la señora sigue el proceso sin poder tener en realidad el contacto con sus hijos”.
La corrupta Arminda Ciau Flores prefirió el dinero que proteger a menores de pederastas, denunció.