Viernes 6 de febrero de 2026.- Un Juez de Control dictó ayer auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva contra Gabriela Alejandra “N”, de 29 años de edad, acusada de atacar a un servidor público, al negarse a ser detenida durante un operativo antidrogas.
La mujer, originaria de Quintana Roo, es señalada como probable responsable de diversos delitos previstos y sancionados en el Código Penal del Estado de Yucatán y en la Ley General de Salud.
El juzgador emitió la resolución con base en los datos de prueba recabados por agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y presentados por el Ministerio Público.
La hoy detenida está acusada de ataques peligrosos cometidos contra servidor público, cohecho, portación de armas e instrumentos prohibidos, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y daño en propiedad ajena cometido contra institución pública.
El Juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, luego de no acceder a la suspensión condicional del proceso solicitada por sus defensores, al no cumplirse los requisitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual la acusada permanecerá en prisión.
La mujer, originaria de Quintana Roo, es señalada como probable responsable de diversos delitos previstos y sancionados en el Código Penal del Estado de Yucatán y en la Ley General de Salud.
El juzgador emitió la resolución con base en los datos de prueba recabados por agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y presentados por el Ministerio Público.
La hoy detenida está acusada de ataques peligrosos cometidos contra servidor público, cohecho, portación de armas e instrumentos prohibidos, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y daño en propiedad ajena cometido contra institución pública.
El Juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, luego de no acceder a la suspensión condicional del proceso solicitada por sus defensores, al no cumplirse los requisitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual la acusada permanecerá en prisión.
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