Lunes 12 de enero de 2026.- Pese la clausura y detección de la obras así como el amparo a favor del Consejo Comunitario Kinchil, la Constructora Grupo Cavico continuó con la deforestación de la selva baja caducifolia del terreno aledaño a la zona arqueológica de Tzemé, donde la empresa Productora Nacional de Huevo, del Grupo Crío, pretende ampliar de una granja avícola.
El Consejo Comunitario de Kinchil logró un importante avance en la defensa del territorio al lograr la clausura, en dos ocasiones en 72 horas, de las obras, las cuales carecen de licencia.
Asimismo, se aseguró la maquinaria con la que la empresa Cavico, la cual devasta la antigua ciudad maya de Tzemé para construir nuevas naves para Crío.
Las obras fueron suspendidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en octubre de 2025 y clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en noviembre del mismo año, pero las obras no se detuvieron y las instituciones no tomaron medidas efectivas para detenerlas.
Debido a ello, el Consejo Comuntario Kinchil ingresó una demanda de amparo (expediente 2352/2025 del Juzgado Cuarto de Distrito) dirigida contra el INAH, la Profepa, el municipio, la Fiscalía General de la República (FGR), el Grupo Crío y la constructora Cavico, obteniendo la suspensión provisional el 24 de noviembre y la suspensión definitiva el 15 de diciembre de 2025.
Las obras se detuvieron por unas semanas, pero al comenzar el nuevo año la empresa Cavico, contratada por Crío, continuó con las obras. El pasado jueves 8 se denunció la problemática por los miembros del Consejo Comunitario, por lo que al día siguiente la Profepa aseguró la maquinaria con la que se reiniciaron las obras.
Pese a ello, hoy, lunes 12, por la mañana los trabajadores de Cavico violaron los sellos de la maquinaria. También llegaron vehículos y trabajadores de otra empresa contratada para instalar un transformador eléctrico y continuar la construcción de una caseta, pero se fueron rápidamente al ver la situación.
El Consejo Comunitario y familias de Kinchil que trabajan el campo en la zona detuvieron las obras. Al ver a personas de la comunidad, los operadores de maquinarias aseguradas emprendieron la huida, pero doña Gregoria Dzul Cuá, apicultora de Kinchil, le cerró el paso a un bulldozer, acompañada por miembros del Consejo Comunitario.
Tras plantarse frente al bulldozer, Dzul Cuá le expresó al operario: “Yo no me voy a quitar del camino, nos vamos a poner allá, esto está clausurado. Ya se llevaron una [retroexcavadora]. Esto está clausurado, y lo clausuramos nosotros. Bájate y hazte a un lado”.
agregó: “No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo a estas empresas violar la ley. Exigimos que respeten nuestros montes y nuestro trabajo en el campo, nuestros vestigios y nuestra cultura. Es nuestro derecho. Llevamos todo por la vía legal y logramos órdenes de clausura de tres instancias distintas, pero estos señores sienten que están encima de la ley. Si para detenerlos tengo que ponerme frente a sus maquinarias, lo haré sin dudarlo. Prefiero morir de pie que vivir arrodillada ante tanta injusticia y destrucción”.
Tras varias horas de espera y la visita de dos unidades de la policía estatal, llegó personal de Profepa que procedió a clausurar nuevamente la maquinaria detenida.
Por su parte, Federico May Cuitún, del Consejo Comunitario de Kinchil, agregó que “seguiremos tomando acciones legales para que todos los responsables de esta situación rindan cuentas, tanto las empresas contratantes y ejecutoras como las instituciones que en lugar de cumplir su cometido son cómplices en la destrucción”.
Exigió la destitución inmediata del director general del Centro INAH Yucatán, Víctor Arturo Martínez Rojas, por tolerar la devastación del patrimonio arqueológico.
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