Domingo 14 de diciembre de 2025.- La ilegal obra del Grupo Crío dañó dos estructuras habitacionales precolombinas de Kinchil, sin afectar el núcleo central de la zona arqueológica de Tzemé, por lo que el Instituto Nacional de Antropología Historia (INAH) realiza un procedimiento administrativo de investigación para el deslinde de responsabilidades.
El encargado del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Yucatán, Alejandro Escobedo Escalante, señaló que al final del procedimiento se determinará las acciones legales que aplicarán ante el posible daño al patrimonio arqueológico, ya sea una sanción o una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Mencionó que tras la denuncia de los ejidatarios de Kinchil, “como primer instancia, el Instituto tomó la medida de suspensión de obra a través de una visita de verificación, se hizo contar el avance de los trabajos, donde un arqueólogo efectuó el respectivo peritaje”.
Explicó que se determinó que el área central del sitio está a 700 metros de donde se realizaron los trabajos, por parte de la empresa avícola.
Comentó que días después se realizó una segunda visita de verificación del sitio por una denuncia de continuación de obra pese la suspensión establecida por la dependencia federal.
Aseveró que “se constató que no había obra en curso y no había maquinaria, por lo que se levantó un acta, la cual se ofreció en el juicio”.
Remarcó que el polígono que contempla a Tzemé está aislados al área donde se efectuaron las obras de Crío.
“Lo que si se detectó en ese momento fue que se arrasaron dos basamentos habitacionales, los cuales son susceptibles de realizar un rescate arqueológico, situación que determinará el especialista encargado del peritaje”, subrayó el entrevistado.
Puntualizó que el INAH realiza el respectivo procedimiento administrativo, en forma de juicio, el cual contempla una etapa probatoria y de alegatos para llegar a una resolución.
“Actualmente se está en la etapa probatoria, en la que recepcionan las pruebas periciales, y con bases a las cuales se determinan las acciones al final del procedimiento”, abundó el responsable del Jurídico del INAH-Yucatán.
Aclaró que “una vez que se tenga el peritaje se determina las posibles sanciones a aplicar, y la Ley establece varias, tal el caso de una administrativa, consistente en una multa o la más drástica, una denuncia por la destrucción de vestigios arqueológicos, ante la FGR.
En cuanto a la postura de los la comunidad de Kinchil que optó por un juicio de amparo y señaló al INAH como la autoridad responsable, expresó que están en su derecho.
Finalmente, se disculpó por no proporcionar más datos, ya que “se está en procedimiento por lo que no puede dar más información al respecto, hasta que se dicte la respectiva sentencia, la cual pública”.
Cabe recordar que el pasado 12 de noviembre, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron las actividades de ampliación de una granja avícola perteneciente a la empresa Productora Nacional de Huevo, ubicada en Kinchil, por carecer de la autorización correspondiente en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Tal como lo denunciaron los ejidatarios, la irregular obra afectó una superficie de 13.7 hectáreas, por lo que se provocó un daño evidente a la selva baja caducifolia.
De manera conjunta, en el operativo también participaron los peritos del Centro INAH-Yucatán.
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