Jueves 4 de diciembre de 2025.- Campeche y Quintana Roo se ubica entre las ocho entidades con mayor número de investigaciones iniciadas ante supuestas denuncias por corrupción cometidos por servidores públicos, mientras que Yucatán quedó en el penúltimo peldaño, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Incluso, mientras que Campeche quedó en el segundo sitio de personal sancionado, Quintana Roo quedó en la posición 15, y Yucatán, en la 23.
De acuerdo con las Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, en México, durante el primer semestre de 2025, el 45.2 por ciento de las personas de 18 años y más, residentes de áreas urbanas, fue víctima de corrupción al interactuar con autoridades de seguridad pública.
En 2023, un total de 169 mil 769 empresas, el 3.5 por ciento, fueron víctimas de corrupción.
En ese mismo periodo, hubo dos mil 341 personas sancionadas en la administración pública federal, equivalente a 14.4 por cada 10 mil personas servidoras públicas.
Las faltas administrativas ocurren cuando las personas servidoras públicas cometen actos u omisiones que incumplen o transgreden los principios y obligaciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
De acuerdo con esta, los Órganos Internos de Control (OIC) son instancias facultadas para ejecutar, en el ámbito de sus competencias, investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas.
Dichas investigaciones, en caso de comprobarse la responsabilidad de las personas servidoras públicas, pueden derivar en sanciones.
Durante 2023, se iniciaron 40 mil 145 investigaciones por presunta responsabilidad de faltas administrativas en la Administración Pública Federal (APF), lo que representó una tasa de 24.8 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas
A nivel estatal, por cada mil personas servidoras públicas se iniciaron 34.6 investigaciones durante 2023.
Quintana Roo fue la entidad con la más alta tasa de investigaciones iniciadas, con 176.7 por cada mil personas adscritas a las instituciones públicas estatales, seguido de Chihuahua, con 136.9 y Aguascalientes, con 76.2. Campeche quedó en el octavo sitio, con 53.5
En contraste está Sinaloa, con una tasa de 3.3, seguido de Yucatán, con 3.4, y Tlaxcala, con 3.7.
Asimismo, en ese año, dos mil341 personas servidoras públicas de la APF fueron sancionadas, lo que equivale a una tasa de 14.4 por cada 10 mil personas servidoras públicas.
A nivel local, el Estado de México tuvo la tasa más alta de personal sancionado en 2023, con 103.1 personas sancionadas por cada 10 mil personas servidoras públicas, seguido de Campeche, con 81, y Aguascalientes, con 46.4.
Mientras que Quintana Roo se ubicó en el peldaño 16, con una tasa de 6.8, y Yucatán quedó en la posición 23, con 2.2.
En el mismo año, en la Administración Pública Estatal (APE) de Baja California Sur y Colima no se registraron personas servidoras públicas sancionadas, pero en Puebla fue de 0.3, en Tamaulipas de 1.0, y Sinaloa, de 1.1.
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