Miércoles 24 de septiembre de 2025.- Luego de tres meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó los documentos de prueba suficientes para que Diego Alonso Martín Díaz, representante de la empresa Banquetes y Eventos Piña fuera vinculado a proceso por el delito de fraude específico, tras haber engañado a más de 300 estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).
De acuerdo con la causa penal 503/2025, en septiembre de 2024 el acusado se reunió con los querellantes, a quienes, a través de la firma de un supuesto convenio, les hizo creer que se haría cargo de la organización del evento que se llevaría a cabo el 21 junio del presente año en un local ubicado en la carretera Cholul-Santa María Chi.
El implicado estableció un costo total de 260 mil pesos, siendo que en ese momento los agraviados le entregaron un anticipo de 28 mil 600 pesos.
Posteriormente, mediante una representante de dicho grupo, se realizaron diversos abonos firmando los recibos correspondientes, hasta que el 13 de junio se aplicó el último pago, liquidando un total de 276 mil 250 pesos debido a que se agregaron más invitados.
Sin embargo, el 22 de junio de 2025, el día del evento, los querellantes se enteraron que el local se encontraba cerrado debido a que el imputado no efectuó las gestiones ni el pago del lugar y tampoco devolvió el dinero que le fue entregado.
Posteriormente los alumnos acudieron a la FGE, delegación número 35 en la zona Cordemex, para realizar una conciliación donde el acusado propuso devolver el dinero en un plazo de año y medio con la condición que los estudiantes retiren la denuncia en su contra, lo cual fue rechazado por los afectados.
Por lo anterior, la autoridad judicial decretó la citada vinculación a proceso a petición de esta representación social y otorgó tres meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria; además, ratificó las medidas cautelares antes establecidas que ordenan al acusado el sometimiento a vigilancia por parte del Centro Estatal de Medidas Cautelares, la firma periódica y la prohibición de salir del Estado, así como la prohibición de acercarse a las víctimas por todo el tiempo que dure el proceso.
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