Representantes de asociaciones, colectivas, académicas y ciudadanas feministas de Yucatán, solicitaron la inmediata intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) para evitar un probable femicidio con relación a la causa penal 87/2023 del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado.
La especialista Ligia Vera Gamboa informó que se entregó una carta, en donde la víctima B.A.R.P, inició un proceso penal por hechos de violencia de tipo psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, cometidos por su ex esposo A.D.C.A, quien al momento de los hechos fungía como funcionario del Ayuntamiento de Progreso.
Luego de la denuncia fueron común, el implicado fue imputado a proceso por violencia familiar y lesiones en diciembre 2023, violencias ejercidas delante de su hija en ese entonces de 3 años.
Al victimario se le impuso como medida cautelar el uso de localizador electrónico y la prohibición de acercarse a la víctima e infringió las órdenes de protección otorgadas a la víctima como consta en lo señalado por la Unidad de Medidas Cautelares.
La UMC informó tres acontecimientos con relación a incumplimientos, la negativa del vinculado a someterse al cuidado y vigilancia ante dicha unidad, el daño al brazalete electrónico manipulándolo con un instrumento para abrir dicho localizador y de manera grave, en febrero de 2024, en el estacionamiento público de un supermercado ubicado en Mérida, Yucatán, y en presencia de la menor de edad, el vinculado violentó a la víctima de nuevo.
Por lo anterior, se indicó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, expresó la investigadora, durante una conferencia de prensa.
Actualmente la víctima presenta secuelas físicas y psicológicas consecuencia del martirio y tortura recibidas de manos de su agresor y su hija presenta síndrome de estrés post-traumático, por lo que con justificada razón teme por su vida y la de su hija.
Recientemente, la defensa del victimario solicitó la propuesta de reducción de penas para acogerse a un procedimiento abreviado, con el objetivo de asumir su responsabilidad de los hechos, tratando de conseguir con ello una penalidad con reducción y beneficios, hecho a todas luces inconcebible ya que pondría en riesgo la vida de la víctima y su hija.
a la FGE a que no otorgue la penalidad mínima durante el procedimiento de juicio abreviado al victimario, para proteger la vida de la víctima y su hija.
La carta fue recibida y un primer acuerdo fue la revisión de la carpeta en los próximos días ante la serie de irregularidades que se han cometido en su integración.
“Como sociedad civil y feministas daremos seguimiento puntual y cercano a este procedimiento y/o juicio hasta obtener justicia para la víctima, al ser el Estado el garante de la más amplia protección a las víctimas, además de ser la instancia que debe de hacer efectivo el derecho a la justicia”, acotó.
Finalmente, coincidieron al señalar que “hacemos responsable al Estado, a la FGE y al Poder Judicial del Estado de Yucatán, de cualquier daño o agresión que B.A.R.P. y su hija puedan sufrir a manos del victimario, independientemente de quien ejecute dicha agresión”.