De acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo), de un millón 207 mil 44 personas ocupadas al cierre del año pasado, solo 408 mil 310, contaban con acceso a seguridad social. Se trata de empleados con un patrón que deberían tener esta prestación, pero carecen de ella.
Especialistas señalaron que el acceso a la seguridad social está también relacionado con el acceso a otros derechos laborales, como la salud, las aportaciones y el crédito para la vivienda.
Incluso, uno de los grandes obstáculos para la universalización de estos derechos es la informalidad, esquema en el que trabajan casi la mitad de los mexicanos.
El estudio se efectuó en el marco del Día Mundial de la Salud (que se conmemoró el 7 de abril) y que en este 2024 tuvo como lema central “Mi salud, mi derecho”, seleccionado para “defender el derecho de todos, en todas partes, a tener acceso a servicios de salud”, indicó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Ana Gutiérrez, comentó que “tiene mucho que ver con la informalidad. Es uno de los derechos laborales que se deberían de cumplir y para más de la mitad de la población, no se cumplen. Es un espejo de lo que pasa con la informalidad, la cual ha caído, pero no sustancialmente”.
Ambas cosas son reflejo de lo caro que es formalizar el trabajo y la carga social que enfrentan las empresas, de las cuales muchas son pequeñas y micro, acotó.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la informalidad en México implica no tener acceso a la seguridad social; es decir, vivir en un estado de desprotección que afecta tanto al trabajador como a su familia.
“Todavía hay muchas empresas que evaden la responsabilidad de brindar seguridad social desde el momento de la contratación”, destaca el organismo en su Estudio sobre los servicios de salud en el trabajo en México.
“La informalidad implica un estado de estrés constante o de inseguridad ante el temor de estar en un estado de incapacidad en el que ya no pueda generar ingresos (…) el hecho de que un trabajador no esté protegido merma su productividad y su calidad y esperanza de vida”, advierte la OIT.