En unanimidad, los agremiados del Sindicato Progresista del Poder Judicial del Estado de Yucatán votaron a favor de iniciar el proceso legal de emplazamiento a huelga, como parte de las acciones para exigir mejoras en los salarios y en las prestaciones laborales,
De tal manera, se buscarán acuerdo con los demás gremios para obtener el acuerdo de al menos las dos terceras partes del total de los trabajadores, tal como lo establece la Ley.
En la asamblea extraordinaria se acordó efectuar paros escalonados, una vez que existan las condiciones legales para hacerlo, ante la desidia de la magistrada presidenta María Carolina Silvestre Canto Valdés y otros integrantes del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, quienes se niegan a cumplir el pliego petitorio.
A pesar que el pasado lunes 6 se le solicitó un aumento salarial del 16 por ciento para todos los trabajadores judiciales, la magistrada Canto Valdés se negó a otorgar dicho monto, incluso, el jueves 9, a través de un comunicado informó que el incremento sería del cinco porcentual.
Con respecto al emplazamiento a huelga, la secretaria general del Sindicato Progresista, Luisa Inés Martín Puc, explicó que para cumplir con los requisitos que establece la ley en la materia, se conformó una Comisión de Huelga, la cual se encargará de los cauces legales para que esta acción se lleve al cabo.
Como parte de los pasos a seguir, dijo que en la asamblea se aprobó la coalición temporal con los otros dos sindicatos del Poder Judicial de Yucatán, pues el objetivo es conseguir la legitimidad de las dos terceras partes del personal que permita estallar la huelga.
Por tal razón, en las próximas horas se realizarán los trámites correspondientes, esperando una pronta respuesta en común, para el bienestar de los trabajadores del PJEY.
Al finalizar la asamblea, Martín Puc enfatizó en la unidad de la base trabajadora para conseguir que las demandas laborales sean escuchadas, de ahí la importancia de hacer a un lado las diferencias y sumar esfuerzos en beneficio de todos.
En ese sentido, recalcó que los servidores públicos judiciales exigen un aumento salarial digno, un bono anual decoroso para recompensar las extenuantes jornadas laborales y que se respete la carrera judicial, entre otras.
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