Viernes 20 de febrero de 2026.- Luego de diversas declaraciones públicas realizadas a medios de comunicación y plataformas digitales por parte de la señora Patricia Estefanía P. R. respecto a supuestos actos de violencia por parte de su expareja Gibrán R. C.., a través de una entrevista con la defensa del señalado, su equipo de abogados rechazó categóricamente dichas acusaciones y aseguró que el conflicto corresponde a un proceso legal derivado del divorcio y a desacuerdos de carácter netamente patrimonial.
La representación legal del señor Gibran R. C. afirmó que el proceso de divorcio ha sido imparcial y apegado a derecho y este se encuentra en curso, sin embargo, ha estado marcado por diferencias respecto a la cuantía de la pensión alimenticia, a la compensación y a la pretensión de la señora Estefania de que se le adjudiquen diversos bienes a título personal.
Incluso, contrario a las afirmaciones de la señora, los abogados refieren que por parte de su representado no existe la mínima intención de quitarle a sus hijos, incluso, el único punto en el que existe un acuerdo, es precisamente en la custodia, donde ambos coinciden que esta quede a cargo de la madre; nuestro representado -afirman- únicamente solicita una convivencia equitativa con sus hijos.
En contraste, Estefanía habría solicitado una pensión superior a los $200,000 doscientos mil pesos mensuales para sus hijos de 1 y 3 años de edad, garantías de pensión a través de embargos en inmuebles, una compensación de $3.5 millones de pesos, además de la adjudicación de cuando menos seis propiedades a su favor como parte del “convenio”, y condicionando al padre a convivir con sus hijos únicamente los días sábados de cada quince días durante dos horas en el Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay) hasta su mayoría de edad, lo cual —aseguran— excede los parámetros razonables y ha dificultado la conciliación entre las partes.
Respecto a los señalamientos de amenazas y violencia vicaria, la parte acusada negó categóricamente tales conductas y sostuvo que su interés principal es mantener una relación de convivencia cercana y legalmente establecida con sus hijos, dentro del marco que determinen las autoridades judiciales. Afirman, que se le ha ofrecido una casa para que habiten, servicio doméstico, ayuda de niñeras, gastos médicos mayores, seguro educativo y una pensión que cubra las necesidades de los menores, pero esta no ha aceptado.
Finalmente, los representantes legales reiteraron que se trata de un conflicto familiar en curso y pidieron evitar juicios anticipados. “Es fácil victimizarse y tratar de convertir un tema de carácter legal en algo mediático buscando un apoyo social, tergiversando la información, cuando la realidad dista de lo expresado”; subrayando que será la Juez Familiar del caso quien determine la legalidad de las actuaciones y las condiciones definitivas en materia de custodia y pensión.
“No se ha vulnerado ningún derecho, existe una pensión provisional fijada por el órgano judicial y se cumple a cabalidad. Como público un periódico en días pasados la verdad está en los tribunales, no en las redes”.
La representación legal del señor Gibran R. C. afirmó que el proceso de divorcio ha sido imparcial y apegado a derecho y este se encuentra en curso, sin embargo, ha estado marcado por diferencias respecto a la cuantía de la pensión alimenticia, a la compensación y a la pretensión de la señora Estefania de que se le adjudiquen diversos bienes a título personal.
Incluso, contrario a las afirmaciones de la señora, los abogados refieren que por parte de su representado no existe la mínima intención de quitarle a sus hijos, incluso, el único punto en el que existe un acuerdo, es precisamente en la custodia, donde ambos coinciden que esta quede a cargo de la madre; nuestro representado -afirman- únicamente solicita una convivencia equitativa con sus hijos.
En contraste, Estefanía habría solicitado una pensión superior a los $200,000 doscientos mil pesos mensuales para sus hijos de 1 y 3 años de edad, garantías de pensión a través de embargos en inmuebles, una compensación de $3.5 millones de pesos, además de la adjudicación de cuando menos seis propiedades a su favor como parte del “convenio”, y condicionando al padre a convivir con sus hijos únicamente los días sábados de cada quince días durante dos horas en el Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay) hasta su mayoría de edad, lo cual —aseguran— excede los parámetros razonables y ha dificultado la conciliación entre las partes.
Respecto a los señalamientos de amenazas y violencia vicaria, la parte acusada negó categóricamente tales conductas y sostuvo que su interés principal es mantener una relación de convivencia cercana y legalmente establecida con sus hijos, dentro del marco que determinen las autoridades judiciales. Afirman, que se le ha ofrecido una casa para que habiten, servicio doméstico, ayuda de niñeras, gastos médicos mayores, seguro educativo y una pensión que cubra las necesidades de los menores, pero esta no ha aceptado.
Finalmente, los representantes legales reiteraron que se trata de un conflicto familiar en curso y pidieron evitar juicios anticipados. “Es fácil victimizarse y tratar de convertir un tema de carácter legal en algo mediático buscando un apoyo social, tergiversando la información, cuando la realidad dista de lo expresado”; subrayando que será la Juez Familiar del caso quien determine la legalidad de las actuaciones y las condiciones definitivas en materia de custodia y pensión.
“No se ha vulnerado ningún derecho, existe una pensión provisional fijada por el órgano judicial y se cumple a cabalidad. Como público un periódico en días pasados la verdad está en los tribunales, no en las redes”.
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