Jueves 15 de enero de 2026.- A tan solo unas semanas de haber iniciado el programa gubernamental de pintura de fachadas en viviendas del Centro Histórico de Valladolid, ciudadanos han denunciado que la pintura aplicada ya presenta desprendimientos, descascaramientos y desprendimiento prematuro, lo que evidencia una deficiente ejecución de los trabajos y un posible uso ineficiente de recursos públicos.
De acuerdo con lo observado en diversos inmuebles intervenidos, la pintura comenzó a pelarse debido a que no se realizó la preparación adecuada de los muros, ya que no se retiró la pintura antigua ni se aplicó sellador previo, procedimientos técnicos básicos para garantizar la durabilidad de este tipo de trabajos.
La situación ha generado inconformidad de los dueños de los inmuebles y ciudadanos, quienes señalan que el programa se financia con recursos públicos municipales, por lo que su mala ejecución podría representar un desperdicio del erario y la necesidad de volver a invertir recursos para corregir los daños además que los colores son inapropiados se han observado colores estridentes.
Especialistas y ciudadanos consultados señalan que esta situación podría contravenir el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de cumplir los objetivos para los cuales fueron destinados.
Asimismo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a los servidores públicos (alcalde, director de Obras Públicas, proveeduría) a conducirse bajo los principios de legalidad, honradez y eficiencia, y establece responsabilidad cuando, por acción u omisión, se causen daños o perjuicios al patrimonio público, o se presten servicios de manera deficiente.
Ante estos hechos, vallisoletanos analizan presentar denuncias formales ante las instancias de control y fiscalización, solicitando que se realice una auditoría técnica y administrativa al programa, se deslinden responsabilidades y, en su caso, se ordene la reparación del daño al erario público.
Los denunciantes subrayan que el objetivo no es frenar los programas de mejora urbana, sino garantizar que los recursos públicos se ejerzan correctamente, con materiales y procedimientos adecuados, y que los beneficios para la ciudad sean duraderos y reales.
De acuerdo con lo observado en diversos inmuebles intervenidos, la pintura comenzó a pelarse debido a que no se realizó la preparación adecuada de los muros, ya que no se retiró la pintura antigua ni se aplicó sellador previo, procedimientos técnicos básicos para garantizar la durabilidad de este tipo de trabajos.
La situación ha generado inconformidad de los dueños de los inmuebles y ciudadanos, quienes señalan que el programa se financia con recursos públicos municipales, por lo que su mala ejecución podría representar un desperdicio del erario y la necesidad de volver a invertir recursos para corregir los daños además que los colores son inapropiados se han observado colores estridentes.
Especialistas y ciudadanos consultados señalan que esta situación podría contravenir el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de cumplir los objetivos para los cuales fueron destinados.
Asimismo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a los servidores públicos (alcalde, director de Obras Públicas, proveeduría) a conducirse bajo los principios de legalidad, honradez y eficiencia, y establece responsabilidad cuando, por acción u omisión, se causen daños o perjuicios al patrimonio público, o se presten servicios de manera deficiente.
Ante estos hechos, vallisoletanos analizan presentar denuncias formales ante las instancias de control y fiscalización, solicitando que se realice una auditoría técnica y administrativa al programa, se deslinden responsabilidades y, en su caso, se ordene la reparación del daño al erario público.
Los denunciantes subrayan que el objetivo no es frenar los programas de mejora urbana, sino garantizar que los recursos públicos se ejerzan correctamente, con materiales y procedimientos adecuados, y que los beneficios para la ciudad sean duraderos y reales.
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