Miércoles 16 de julio de 2025.- Pese las diversas arbitrariedades cometidas, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura nombró a Diego Prieto Hernández como titular de la recién creada Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCVPII), mientras que Joel Omar Vázquez Herrera recibió una pesada carga de trabajo y de problemas al asumir la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Este cambio marca el inicio de una nueva etapa institucional orientada al fortalecimiento de las culturas vivas, el respeto a la diversidad cultural y la salvaguarda del patrimonio inmaterial.
Sin embargo, la salida de Prieto Hernández del INAH ocurre mientras quedan pendientes significativos en Yucatán, especialmente relacionados con conflictos por tierra y patrimonio entre comunidades mayas y megaproyectos impulsados desde el gobierno federal, así como las anomalías cometidas en Tamaulipas.
Prieto Hernández se negó a resolver la desaparición de 18 millones de pesos que el Ejecutivo local destinó para la investigación arqueológica de Yucatán, ya que el dinero desapareció durante los últimos días de la administración de Rolando Zapata Bello o en las primeras semanas del sexenio de Mauricio Vila Dosal.
Asimismo, a pesar que el ex gobernador Vila Dosal violó flagrantemente la Ley Federal sobre Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, a nueve meses de concluir la administración estatal aún no hay resolutivo sobre las obras efectuadas en la Plaza Grande, sin licencia alguna.
Uno de los principales señalamientos hacia Diego Prieto como titular saliente del INAH es la falta de resolución a los conflictos con los ejidatarios de Telchaquillo y de Chablekal, quienes tienen pagos pendientes por las tierras donde se asientan las zonas arqueológicas de Mayapán y Dzibilchaltún, además de otros problemas por intervenciones federales. Estos procesos han involucrado afectaciones a sitios arqueológicos y al entorno cultural comunitario, sin que se hayan transparentado completamente los peritajes ni los acuerdos con las comunidades.
El funcionario federal se comprometió a dar una pronta solución al cierre de la zona arqueológica de Mayapán, protesta que inició el 7 de noviembre de 2023, pero nada pudo resolver al respecto, por lo que el sitio permanece cerrado desde hace un año, nueve meses y nueve días.
Diversas organizaciones sociales y defensores del patrimonio han exigido al INAH una mayor presencia y compromiso con las comunidades mayas del estado, así como una gestión más justa e incluyente frente a los impactos del desarrollo turístico e infraestructura.
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