Verónica Camino Farjat respalda a presunto delincuente, muchas veces denunciado
El Senado de la República se encuentra en proceso de designar a 56 magistrados electorales en 30 estados del país. Sin embargo, entre los aspirantes figura un nombre que genera indignación: Hidalgo Victoria Maldonado, un personaje con un historial de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias que, pese a sus antecedentes, busca ser magistrado electoral con el respaldo de la senadora Verónica Camino Farjat, otra figura envuelta en escándalos.
Larga es la trayectoria de corrupción y tráfico de influencias en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac).
Hidalgo Victoria Maldonado arrastra denuncias por graves irregularidades durante su gestión en el Iepac. Junto con Bernardo José Cano González, director jurídico de la institución, favoreció ilegalmente a la empresa Proyectos Integrales de Red Voz y Datos S.A. de C.V., responsable del fallido Programa de Resultados Electorales Preliminares (Prep) en 2018.
Lejos de exigir la sanción correspondiente, Victoria Maldonado maniobró para evitar que la empresa fuera castigada y omitió gestionar el cobro de la garantía pactada en el contrato, lo que representó un daño patrimonial de casi 3 millones de pesos al Iepac. No solo eso, el organismo perdió el juicio contra la empresa y fue condenado a pagar más de dos millones de pesos adicionales, sumando a la crisis financiera de la institución.
Por si fuera poco, Victoria Maldonado utilizó su posición para favorecer a familiares y allegados con contratos y empleos dentro del Iepac. Su injerencia en la operación del Prep no solo tuvo repercusiones económicas, sino que evidenció un esquema de corrupción que le permitió consolidar redes de poder dentro del aparato electoral.
De la corrupción a la manipulación electoral con Morena
A pesar de haber sido denunciado por corrupción, Victoria Maldonado no tardó en reciclarse dentro del aparato político. En menos de un año, tras su salida del Iepac, ya operaba como representante del partido Morena ante la Junta Local del INE en Yucatán. Su llegada al partido oficialista no fue casualidad: su historial de manipulación electoral lo convirtió en una pieza clave para los intereses de Morena en el estado.
Documentos oficiales revelan que, a través de un contrato con el Infonavit gestionado por Rogerio Castro Vázquez, Victoria Maldonado recibió pagos mensuales de más de 60 mil pesos en 2022 por supuestos servicios profesionales. Sin embargo, en la práctica, su labor consistió en operar políticamente en contra de proyectos municipales y estatales, disfrazando su activismo como “lucha ciudadana”.
Uno de los episodios más recientes de su intervención fue el sabotaje al proyecto del Parque Tho en Mérida, donde manipuló a vecinos para frenar su construcción bajo argumentos ambiguos, ocultando que su verdadero interés era favorecer a Morena en la contienda electoral de 2024.
El respaldo de Verónica Camino Farjat: un pacto de impunidad
Que un personaje con este historial aspire a ser magistrado electoral ya es preocupante, pero lo es aún más que cuente con el respaldo de la senadora Verónica Camino Farjat, otra figura con una trayectoria llena de polémicas. Camino Farjat, conocida por sus constantes cambios de partido y su cercanía con grupos de poder que han sido señalados por corrupción, ha movido sus influencias para posicionar a Victoria Maldonado en la terna de aspirantes.
El intento de imponer a Hidalgo Victoria Maldonado como magistrado electoral no es más que un intento de Morena de blindar su estructura en Yucatán con personajes leales, sin importar sus antecedentes de corrupción. De concretarse su nombramiento, se enviaría un mensaje de impunidad y degradación institucional en el proceso electoral del estado.
Un llamado a la transparencia y la legalidad
Ante este panorama, es urgente que el Senado de la República, en particular la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia, actúen con responsabilidad y rechacen la candidatura de Hidalgo Victoria Maldonado. Su historial lo inhabilita moral y legalmente para ocupar un cargo de esta magnitud.
El proceso de selección de magistrados electorales debe garantizar perfiles con integridad y compromiso con la democracia, no individuos cuyo paso por la administración pública ha estado marcado por el abuso de poder y la corrupción. La sociedad yucateca no merece que sus instituciones sean secuestradas por operadores políticos disfrazados de magistrados. Es momento de exigir justicia y evitar que este tipo de personajes continúen descomponiendo la vida pública del estado.