- Papel de abogados controversiales alcanza a Yucatán
Mérida, Yucatán, 8 de febrero de 2025.- En un país donde la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, el sistema judicial no es ajeno a estas prácticas. Abogados y jueces con historiales cuestionables han sido señalados en diversas ocasiones por manipular procesos legales en beneficio de intereses particulares. En este contexto, dos nombres han cobrado relevancia en investigaciones recientes: Encarnación Muñoz y Raymundo Álvarez, ambos involucrados en litigios polémicos y con un historial que despierta sospechas.
Encarnación Muñoz, abogada por la Universidad CUGS, ha estado involucrada en la defensa de sicarios en Yucatán. Raymundo Álvarez, egresado de la Universidad de Ecatepec, ha trabajado en litigios de alto impacto como el atentado contra Ciro Gómez Leyva.
Ante estas denuncias, es indispensable que las autoridades competentes, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, Fernando Díaz Juárez, y el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, inicien investigaciones que garanticen que los procesos judiciales en el país no están siendo manipulados en favor de intereses oscuros.
La sombra de la corrupción los persigue, y la pregunta es: ¿hasta dónde llega su red de influencia? Es momento de exigir transparencia y frenar a quienes abusan del poder judicial en su propio beneficio.
México no puede permitirse un sistema de justicia corrompido por intereses personales. La ciudadanía debe presionar para que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y se sancione a quienes han manipulado la ley a su favor. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tiene la responsabilidad de promover medidas que refuercen la vigilancia sobre estos actores y garanticen procesos judiciales imparciales.
La prensa y las organizaciones civiles tienen un papel crucial en exponer estos casos, generando conciencia sobre la importancia de un sistema judicial honesto y transparente.