Campesinos de diversos ejidos de Yucatán denunciaron a funcionarios del gobierno del Estado por despojo y robo de tierras, donde antes sembraban frijol, maíz, calabaza, cacahuate y otras leguminosas para sobrevivir.
La mafia inmobiliaria acaparó terrenos de Hocabá y Mérida, pero hasta el momento nada pueden hacer, ya que un litigio de por medios, pues los afectados optaron por el amparo.
“Ya no podemos sembrar, porque el gobierno de Mauricio Vila Dosal promovió, por medio del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), la invasión de 18 hectáreas en el ejido Cinco Colonias otorgando escrituras sobre nuestras escrituras”, aseguró el comisario Faustino Mena Crespo.
Destacó que junto con los344 campesinos afectados se interpuso una denuncia contra Vila Dosal y el director del IVEY, Carlos Francisco Viñas Heredia.
Incluso, advirtió que se ampliarán las demandas contra el Registro Público de la Propiedad, “porque promueven la llegada de paracaidistas” en las tierras que se ubican en el sur de la capital yucateca.
“El IVEY otorgó lotes de terreno a los invasores y vendió a 105 pesos el metro cuadrado de nuestras tierras en forma es indebida, eso es despojo, robo, porque tenemos actas y documentos que acreditan que esas 18 hectáreas son propiedad privada, pertenecen a 345 personas del ejido Cinco Colonias”, aseveró.
El campesino relató que el vía crucis que viven desde 2020 comenzó “un día cuando llegamos al terreno a limpiar, porque íbamos a sembrar íbes blancos, frijol, maíz y calabaza, nos encontramos con siete personas y los sacamos, eso fue un sábado, pero el lunes siguiente, ya había más de un centenar”.
Aunque pidieron apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), “nadie nos hizo caso, al contrario, el gobierno de Vila Dosal empezó a brindar documentos para “regularizar” esas tierras que costaban más 86 millones de pesos”.
“Ahora, esas 18 hectáreas están valuadas en 92 millones 602 mil 36.70 pesos, según la Cédula Catastral del Ayuntamiento de Mérida, dijo el comisario con documentos en mano del título de propiedad, planos y otros documentos.
Durante un recorrido por la zona, que colinda con el aeropuerto de Mérida, Mena Crespo informó que el gobierno también les debe una suma importante por concepto de una expropiación.
“Son 204 hectáreas del ejido Cinco Colonias que están dentro del aeropuerto que nos prometieron pagar y hasta ahora nada, en 2014 nos ofrecieron 40 millones de pesos, pero esa cifra no es la mitad de lo que corresponde, ya muchos ejidatarios son de la tercera edad, están enfermos y su familia necesita esos recursos”, indicó.
La lucha por el pago sigue, los campesinos mayas ya interpusieron demandas en el Tribunal Agrario, se solicitó ayuda a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y otras instancias, “pero nos ignoran, por eso hoy hacemos un llamado nacional”.
El comisario de Cinco Colonias aseguró que quieren arreglar el problema de las 18 hectáreas que están cerca de la colonia El Roble Agrícola y las 204 has del aeropuerto “de mejor manera, no queremos violencia, sólo justicia”.
Falsa acusación
Por otra parte, 371 campesinos de Sahcabá, comisaría de Hocabá, lidereados por el comisario Jacinto Chan Pérez, informaron que desde hace seis años afrontan un problema mayor: los acusan de despojo de sus propias tierras
“Contrademandamos con planos, Cédula Catastral y carpeta básica y ganamos el caso, pero no nos dejan en paz: volvieron a demandar, ante la parcialidad de los jueces, por el despojo de más de 120 hectáreas”, manifestó el ex comisario de Sahcabá Santos Simón Ku Ek.
Aunque los 371 mayahablantes acudieron a las audiencias en el Juzgado de Control de la Fiscalía de Kanasín e Izamal, donde comprobaron que son propietarios del predio rústico San Pedro que se encuentra en Sahcabá, “las autoridades favorecen a empresarios fuereños que desconocen dónde compraron sus tierras”.
“Creen que San Pedro Actunchén, que pertenece a Xocchel, son las mismas tierras de San Pedro que están en Sahcabá, ya se demostró que no es lo mismo y nos siguen perjudicando”, reiteró.
Por ende, piden a los magistrados de Yucatán que no permitan más casos de corrupción y los liberen de la denuncia de despojo.