Vecinos de Flamboyanes, comisaría de Progreso, así como de Chocholá y Umán, e incluso, de fraccionamientos del norte de Mérida solicitarán la intervención del gobernador electo, Joaquín Díaz Mena, ante el grave problema de contaminación de micropartículas generadas por las cementeras, caleras, sascaberas, concreteras, criberas y sitios de extracción de material de construcción establecidas en la entidad.
El presidente de la asociación Maya Peninsular, Raúl Quiroz Moo, confió en la participación de “Huacho” Díaz para evitar la aparición de diversas enfermedades, pues en el caso del actual titular del Ejecutivo, Mauricio Vila Dosal, es notable el desinterés político y nunca les prestó atención.
Reconoció que numerosos especialistas coinciden sobre el grave daño que ocasionan las micropartículas y los actuales funcionarios hicieron caso omiso a las recomendaciones.
Por ende, los afectados se organizan para solicitar una audiencia con Díaz Mena, para plantearle la situación que prevalece y la posible instalación de otras cementeras.
Las micropartículas afectan todo el año a los pobladores de Chocholá, Progreso y Umán, mientras que laceran a los vecinos de las colonias, fraccionamientos, unidades habitaciones y comisarías del norte de Mérida, durante la temporada invernal, cuando se registran nortes y frentes frío.
Quiroz Moo reprobó la actitud de jueces y magistrados de apostar a favor de los empresarios, por lo que la ciudadanía queda sin el amparo de la Ley, tal como ocurre con las macrogranjas de Keken, al igual con las cementeras.
Incluso, la situación se complicará en breve, debido a que en el Polígono Industrial de Progreso se instalarán tres las cementeras, de las cuales, la Planta de Molienda de Cementos Fortaleza ya está en funcionamiento.
Las cementeras y caleras emiten constantemente micropartículas que afectan a numerosas poblaciones ubicados a varios kilómetros a la redonda, mientras que las sascaberas y granjas, ocasionan un severo daño al frágil manto freático, subrayó.
Expresó que los vecinos de Progreso piden la intervención del Congreso del Estado para que las autoridades federales, estatales y municipales prohíban el funcionamiento de las empresas y les restituyan las tierras y el agua que son de su propiedad.
Resaltó que durante años fueron ignorados y que “lo único que les han dado son negativas por parte de un juez de distrito”.