El Gobierno del Estado es una verdadera caja de Pandora, debido a los numerosos y diversos actos de corrupción, nepotismo, favoritismo, amiguismo, entre anomalías que serán dadas a conocer, pero sobre todo, castigadas sin impunidad alguna con el triunfo de Joaquín Díaz Mena como titular del Ejecutivo.
El más cínico de todos los actos fue protagonizado por el gobernador con licencia, Mauricio Vila Dosal, quien congeló las casi dos mil carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, el Gobierno del Estado encontró irregularidades financieras de la administración anterior por un monto de aproximadamente 533 millones de pesos, principalmente en la Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF), lo que dará paso a interponer seis denuncias, de manera inicial.
Dado que favor con favor se paga, el ex gobernador Rolando Zapata Bello traicionó a la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues con la bandera del tricolor hace campaña en beneficio de Acción Nacional (PAN), por lo que hace a un lago a quienes confiaron en él, durante el proceso electoral de 2012.
Como el miedo no anda en burro, ante el inminente triunfo de Díaz Mena, tanto Vila Dosal como Zapata Bello buscan el fuero, para evitar que sean procesados jurídicamente, pues es evidente la complicidad de ambos políticos.
A poco más de cinco años y cuatro meses de que interpusiera la respectiva denuncia penal, ante el Ministerio Público, ninguno de los expedientes procedió, como acto de protección que Vila Dosal otorgó a favor de su antecesor.
De acuerdo con el boletín oficial del Gobierno del Estado, de fecha del 9 de noviembre de 2018, “la administración estatal anterior gastó durante 2018 más dinero del que le correspondía, lo que derivó en un faltante por cerca de 1,900 millones de pesos en el presupuesto para el último trimestre del año, reportó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) al dar avances sobre el proceso de entrega-recepción”.
Asimismo, se informó que “en el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano del Presupuesto y Ejercicio del Gasto que encabezó el Gobernador Mauricio Vila Dosal, la titular de la SAF, Olga Rosas Moya, informó que además se dejaron las finanzas estatales con presiones adicionales de gasto por alrededor de 500 millones de pesos y contingencias como la del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey), que prácticamente se encuentra sin viabilidad financiera”.
Posteriormente, el 8 de enero de 2019, en conferencia de prensa se presentaron los resultados de la investigación efectuada y se anunció que se interpondría la respectiva denuncia de fuero común, pero hasta el momento no hay avance alguno.
Comunicado oficial
Tras una exhaustiva revisión e investigación de casi 2,000 carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, el Gobierno del Estado encontró irregularidades financieras de la administración anterior por un monto de aproximadamente 533 millones de pesos, principalmente en la Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF), lo que dará paso a interponer 6 denuncias, de manera inicial.
A 100 días del inicio de la gestión del Gobernador Mauricio Vila Dosal, las titulares de las Secretarías General de Gobierno, María Fritz Sierra y de la Contraloría General del Estado (SCGEY), Lizbeth Basto Avilés, realizaron un balance de lo detectado en el proceso, que inició el 1 de Octubre de 2018.
Según informaron, al menos hay otras 20 denuncias adicionales por faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios, discrepancias administrativas, por lo que se procederá a interponer las denuncias correspondientes.
«Las 26 denuncias, en su conjunto, están siendo integradas en este momento con toda la documentación correspondiente y serán presentadas el próximo lunes 14 de enero del año en curso, ante los organismos fiscalizadores correspondientes, tales como la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán», precisó la contralora estatal en presencia del consejero Jurídico del estado, Mauricio Tappan Silveira.
La funcionaria precisó que las dependencias involucradas en estas 20 denuncias adicionales son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP)y el Hospital Comunitario de Peto.
A manera de ejemplo, Basto Avilés mencionó que en la Secretaría de Educación se detectaron 758 bienes muebles y tecnológicos faltantes; en el caso del sector salud, no aparecen 260 bienes, entre ellos, una incubadora, equipo e instrumental médico y de laboratorio, bienes informáticos, y mobiliario y equipo administrativo.
Además, están en proceso de revisión e integración otras siete carpetas de investigación abiertas por diversos faltantes e irregularidades financieras en dependencias como las Secretarías de Desarrollo Rural (Seder) y Desarrollo Social (Sedesol), y los Institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) y para la Construcción y Conservación de la Obra Pública (Inccopy), así como otras más en la Secretaría de Salud, éstas se extenderían a un monto de 160 millones de pesos, añadió.
Adicionalmente, la titular de la Secogey indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), derivado de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, ha instruido a iniciar la investigación para fincar responsabilidades administrativas de 43 casos de programas como Escuelas al Cien, el Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Social y de Aportaciones a los Servicios de Salud.
En ese sentido, la contralora estatal reiteró que, de acuerdo a las facultades la dependencia a su cargo, hará las tipificaciones correspondientes a los funcionarios involucrados por las irregularidades cometidas y turnará a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) para que aplique las sanciones correspondientes.
«Por instrucciones directas del Gobernador Mauricio Vila Dosal, la Contraloría Estatal desde el primer día ha realizado un exhaustivo trabajo de revisión de los procesos de entrega-recepción, con responsabilidad y siempre con apego a la legalidad», afirmó.
En este marco, la funcionaria recordó que desde el inicio de esta administración estatal —el 1 de octubre de 2018— se realizaron 270 procesos de entrega-recepción. Del 2 de octubre al 31 de diciembre, ascendieron a 1,938, de direcciones generales, direcciones y departamentos que forman la estructura del Poder Ejecutivo, así como de entidades descentralizadas y organismos desconcentrados.
En su intervención, Fritz Sierra reiteró a 100 días del Gobierno de Vila Dosal, éste trabajará siempre de forma eficiente, transparente, respetuosa de la ley, pero sobre todo en contra de la corrupción y la impunidad.