A partir de este año, Yucatán se podría convertir en modelo de justicia, pues durante la presentación de las propuestas de acciones de gobierno para la seguridad y justicia, el candidato a gobernador por la 4T, Joaquín Díaz Mena, anunció la creación de la Universidad de Ciencias para la Seguridad así como la aplicación de la justicia terapéutica, para personas con problemas de adicción, entre otros innovadores conceptos del ramo.
Todo ello, para garantizar que el Estado se mantenga seguro así como mantener la confianza hacia las instancias policíacas y jurídicas, así como a sus elementos.
“La seguridad es uno de los pilares del bienestar y desarrollo de Yucatán, como gobernador asumiré la responsabilidad de liderar, supervisar y coordinar personalmente la agenda de seguridad, garantizando que en las políticas, estrategias y prácticas se respeten los derechos humanos, la perspectiva de género y la interculturalidad”, comentó el candidato durante la presentación de su agenda.
La presentación estuvo a cargo de Migden Tec Pat y el resumen del diagnóstico en materia de seguridad y justicia, por parte de Alfredo Teyer Mercado.
Huacho Díaz expuso los ejes de Seguridad para el Bienestar, plan que estará coordinado entre autoridades de los tres órganos de gobierno.
En primer lugar, destacó que va a trabajar en la profesionalización de cada elemento policial del estado a través de cursos y actualizaciones de la función policial y de protocolos nacionales e internacionales.
Tomando en cuenta que gran parte del estado de seguridad que mantiene Yucatán es gracias a sus habitantes, Díaz Mena propone reforzar la vigilancia comunitaria a través de consejos y comités de seguridad ciudadana, como lo son el Consejo Estatal de Seguridad Pública, los Consejos Municipales de Seguridad Pública y la policía vecinal.
El candidato a gobernador se comprometió a garantizar la inversión constante para el debido equipamiento de materiales policiales, vehículos y equipos tecnológicos.
También señaló la importancia de contar con elementos que se desempeñen bajo los más altos estándares de profesionalismo, eficacia e integridad, por ello propuso reforzar significativamente el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3).
Uno de los ejes más relevantes de esta agenda es la creación de la Universidad de Ciencias para la Seguridad, que tendrá la misión de formar a los futuros líderes y especialistas en seguridad ciudadana e investigación criminal.
“La Universidad ofrecerá un programa amplio en investigación criminal, gestión de la seguridad ciudadana, criminología, criminalistica, ciencias periciales, derechos humanos, ciberseguridad y generar las condiciones para una cultura de paz, así como para el uso ético de la tecnología en la seguridad e investigación criminal”, explicó.
Incluso, ofreció mejorar las condiciones de trabajo y percepciones salariales de todos los cuerpos de seguridad, así como la creación de becas para hijos de personas que protejan al estado.
Propuso la creación de un Sistema de Justicia Terapéutica, que consiste en un programa para abordar los problemas de drogadicción y alcoholismo.
Indicó que “este sistema incluirá la formación de ‘jueces que sanan’, especializados en comprender y tratar las causas raíz de la conducta delictiva, relacionada con las adicciones, en lugar de limitarse a imponer penas y castigos.
La Justicia Terapéutica se centrará en la creación de Cortes de Drogas, tribunales específicos diseñados para manejar casos de delitos menores cometidos como resultado de la dependencia de sustancias.
Remarcó que estos tribunales ofrecerán programas de tratamiento y rehabilitación personalizados, buscando reintegrar a los individuos a la sociedad como ciudadanos productivos y saludables.
Por otro lado, también propuso el programa Justicia Violeta, que consiste en el perfeccionamiento e institucionalización de buenas prácticas en el ámbito de la seguridad preventiva, procuración e impartición de justicia; para capacitar, adiestrar, atender y erradicar de una vez por todas, la ignorancia, la indiferencia, la insensibilidad, los procesos de revictimización y la falta de tacto al momento de retener, privar de la ibertad, procurar e impartir justicia a las mujeres y niñas.
También se comprometió a impulsar un Modelo de Justicia Cívica a nivel municipal para ampliar los servicios de impartición de justicia en las comunidades, descongestionar los Ministerios Públicos y mejorar la eficiencia en la resolución de los conflictos vecinales y comunitarios.