En Yucatán se disparan los delitos sexuales, pues tan sólo en enero pasado se registró un caso diario, la cifra más alta en 4.75 años, reveló el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El director de la asociación Hogares Mana, Víctor Chan Martín, afirmó que en México, cerca de la mitad de los abusos sexuales cometidos en contra de niños y adolescentes fueron protagonizados por los familiares de los menores de edad, mientras que en el resto de los delitos están involucrados los vecinos y conocidos, así como por personas que nunca habían tenido contacto con ellos.
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estableció que el desarrollo jurídico de Yucatán es notable, al grado que en 2021 se ubicó entre las 21 entidades federativas que cuentan con agencias especializadas en delitos sexuales así como de feminicidios, lo que demuestra el avance que hay en materia de justicia.
En enero pasado se registraron 29 delitos sexuales, la cifra más alta de mayo de 2019 a la fecha.
Tan sólo en 2023 se registraron 169 casos, con un aumento del 22.46 por ciento, en comparación con el año anterior, cuyo acumulado fue de 138.
En 2017 se registró la cifra más alta en siete años, problemática que empezó a descender hasta que en 2021 fue el mínimo contabilizado, y a partir del año siguiente comenzó a aumentar.
Del total de delitos cometidos en 2023, 103 fueron por abuso sexual, el 60.95 por ciento, seguido de violación simple, con 48 carpetas de investigación, el 28.4 por ciento; 12 expedientes de acoso sexual, el 7.1 por ciento; tres de hostigamiento sexual y cifra similar de “Otros delitos contra la libertad y la seguridad sexual”, el 1.77 porcentual, respectivamente.
Chan Martín resaltó que la Red continuará haciendo más ruido contra el abuso sexual infantil, para seguir protegiendo a los niños.
Convocó a los yucatecos para evitar, parar y reportar el abuso sexual infantil, pues es una de las formas para proteger, defender y cuidar a los menores de edad.
Añadió que la protección de los niños y adolescentes debe ser una prioridad para toda autoridad y sociedad, por lo que se necesita crear más políticas públicas de protección y defensa de los derechos de los infantes.