A una década de la entrada en vigor, en todo el Estado, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, aún faltan por atender y dictaminar 63 casos correspondientes al antiguo sistema de justicia, reveló el Poder Judicial del Estado de Yucatán.
De 2014 a 2023, existían cuatro mil 986 recursos de apelación de la materia penal tradicional, de los cuales, ya se resolvió el 98.74 por ciento, por lo que las restantes se debe de dictar la respectiva sentencia, al menos en el transcurso del año.
El 24 de septiembre de 2017, en el aquel entonces presidente del Poder Judicial del Estado, Marco Celis Quintal, afirmó que el sistema inquisitorio de justicia penal prevalecerá en Yucatán hasta 2024, ya que faltaban por atender y dictaminar 485 casos correspondientes al antiguo sistema de justicia.
Tras la emisión de la respectiva sentencia, algunas de las partes apelaron el veredicto, por lo que en este lapso habían tres mil 814 casos en la Primera Sala Colegiada Penal y Civil, mil 138 en la Sala Colegiada Penal y Mercantil, así como 34 en la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil.
El Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, así como el nuevo Código Procesal Penal que lo sustenta entró en vigor el 15 de noviembre de 2011, pero fue hasta el 3 de junio de 2014 que ya era válido en todo el Estado.
En ese momento, inició el gradual final del sistema inquisitorio, cuya existencia es de al menos un año más, pues de los 63 recursos de apelación en trámite de la materia penal tradicional, 31 corresponden a Primera Sala Colegiada Penal y Civil, mientras que 32 son de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil.
De 2014 a 2023 ya se resolvieron cuatro mil 923 recursos de apelación, de los cuales, tres mil 783 casos son de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil, mil 138 en la Sala Colegiada Penal y Mercantil, así como dos de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil.
Tan sólo en 2014 se resolvieron mil 741 casos; en 2015 fueron mil 42; en 2016 fueron 668; en 2017 fueron 502; en 2018 fueron 326, y en 2019 fueron 238 recursos de apelación.
Mientras que en 2020 fueron 144 casos, en 2021 fueron 120; en 2022 fueron 75, y en 2023 fueron 67.
Por el momento, sólo existen cinco juzgados del antiguo sistema, de los cuales, tres están en Mérida, y el resto, en Tekax y Valladolid.
De acuerdo con un estudio de la UADY, en un principio prevaleció la desconfianza hacia el nuevo sistema, e incluso, “la mayoría de las personas pretender que al denunciar, la persona a que acusaron de manera inmediata sea recluido al Centro de Reinserción Social (Cereso), pero al ver que ya no lo logra, han dejado de acudir al Ministerio Público”.
Hoy en día, el presunto delincuente no pisa la cárcel, a menos que sea un delito grave como es el homicidio o formar parte del crimen organizado, además que en todo momento tienen un trato especial a sus derechos humanos.
En el nuevo proceso penal, el presunto implicado ya no necesita la prisión preventiva, por lo que el conflicto se resuelta de manera directa entre la víctima y el victimario.
La sociedad está acostumbrada a que el ladrón, de manera inmediata va a la cárcel, pero ahora se dan cuenta con no son encarcelados, por lo que eso los decepciona y crea desconfianza en el nuevo sistema, abundó.
Por ende, consideró de importante y urgente el establecer un trabajo directo con la sociedad, para que se les explique el proceso del nuevo sistema y de ésta manera, empezar a derribar la barrera que ya se empieza a establecer.