Recientemente, el Poder Judicial del Estado de Yucatán se ha convertido en un verdadero órgano colegiado de fomento a la violación de las leyes y normas así como centro de discriminación hacia los trabajadores además de fomentar el favoritismo al contratar a estudiantes, con un sueldo quincenal de 32 mil pesos, denunció la dirigente del Sindicato Progresista de los Trabajadores del PJEY, Luisa Inés Martín Puc.
Estableció que la impartición de justicia en Yucatán está muy rezagada, ya que Poder Judicial del Estado de Yucatán se niega a contratar a nuevo personal así como a basificar a los trabajadores que llevan más tres años laborando.
Aseveró que la anterior administración realizaba tres basificaciones al año, y en lo que va de la administración de María Carolina Silvestre Canto Valdez, de enero a la fecha, no hay una sola.
Reprobó la actitud del consejero Mendoza Casanova, al manifestar que “no hay nada en la ley que nos obligue a dar basificaciones”, respuesta que consideró de ofensiva hacia los trabajadores.
A pesar que en el Poder Judicial del Estado de Yucatán cuenta con abogados con posgrado que están en los puestos más bajos, con un sueldo quincenal de hasta tres mil pesos, los magistrados han contratado a 10 estudiantes y pasantes de derecho como proyectistas, con un sueldo de 32 mil pesos quincenales, para proyectarlos como los futuros jueces, abundó.
“Se cuentan con abogados bien preparados, hasta con doctorado, los cuales son ignorados, y lo peor de todo, hay algunos que tienen maestría pero que ganan hasta tres mil pesos quincenales”, acotó.


Sin embargo, los magistrados optaron por contratar a personal sin experiencia, y sin título e incluso, los llevan a congresos con los gastos pagado, y lo peor de todo, se niegan a contratar a más personal, por lo que los abogados tienen una pesada carga de trabajo, y tan sólo en el Juzgado Mixto de Umán, cada uno de los cinco técnicos tiene 600 expedientes a su cargo.
En conferencia de prensa expresó que los nuevos magistrados han contratado a 10 estudiantes y pasantes de derecho como proyectistas, con un sueldo de 32 mil pesos quincenales.
Resaltó que los tres magistrados antiguos les hacen ver que no respetan la carrera judicial, y carecen de cédula profesional, pero “debido a que todas las decisiones se aprueban por mayoría de votos, ya pueden hacer lo que quieran, motivo por el cual se sienten dioses”.
Aseveró que los recién contratados como proyectistas no son parte de la carrera judicial y nunca han concursado para ingresar a esos puestos.
Remarcó que hay una lista de requisito para ocupar tal cargo, la cual contempla haber terminado la carrera, así como pasar por las categorías inferiores, primero como técnico judicial, para luego fungir como actuario, secretario, secretario auxiliar y secretario de acuerdo, hasta llegar a luego proyectista, para luego fungir como juez
“Los magistrados no son éticos, hay abogados bien preparados, con maestría y doctorado, pero no los jalan y mucho menos los llevan a congresos, pues prefieren a los estudiantes”, subrayó la dirigente, quien estuvo acompañada por el secretario de conflictos, Víctor Hugo Huchín Torres.
Ante todas las arbitrariedades cometidas, el próximo domingo 29, a las 9 horas, realizarán una marcha de protesta pacífica, por lo que partirán del Juzgado Familiar, ubicado en la calle 35 entre 58 y 60 del Centro Histórico de Mérida, con destino al Monumento a la Patria.

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