CIUDAD DE MÉXICO, México.- Uno de los notarios con mayor trayectoria en la Ciudad de México, con más de cuatro décadas en el cargo y amigo de la exsecretaria de Gobernación y hoy senadora Olga Sánchez Cordero, fue detenido el viernes pasado por agentes de la policía de investigación capitalina e ingresado al Reclusorio Oriente.
Se trata de Pedro Porcayo Vergara, titular de la Notaría 93 de la Ciudad de México, a quien se le acusa de haber avalado un testamento apócrifo para ayudar a los hijos de Marcel García Paniagua, a despojar a sus medios hermanos de la parte proporcional de una herencia que les correspondía tras la muerte de su padre, el empresario y político mexiquense, Ángel Ramón Ferrat Sola.
Dicha herencia está compuesta por más de 40 inmuebles y empresas y se estima que su valor supera hoy los mil quinientos millones de pesos.
Tras meses de rastreo los agentes capitalinos detuvieron al conocido fedatario en el domicilio en el que se escondía. Porcayo, quien sabía que había una orden de arresto en su contra, se había ausentado de su notaría y de su domicilio particular, para tratar de evitar su captura. Eso sí: continuaba llevando los casos de su notaría, pero a distancia, con apoyo de un familiar.
El sábado se llevó a cabo la audiencia en la que Porcayo fue notificado por los fiscales capitalinos de la imputación en su contra por el delito de fraude procesal, asentada en la causa penal 263/2021. Los defensores del notario solicitaron que su cliente fuera liberado con el argumento de su avanzada edad, pero el juez les dijo que esa no era la instancia adecuada para ello y decidió dejarlo en prisión preventiva.
Cabe señalar que este es un caso que se sigue aun con las reglas del sistema penal antiguo, por lo que será el próximo martes cuando el notario rendirá su declaración preparatoria y el juez determinará si hay elementos para dictar el auto de formal prisión en su contra y abrir el juicio.
Por esta misma investigación ya fue detenido desde el año pasado y se encuentra bajo proceso Hector Roberto Ferrat García, hijo del empresario fallecido, quien intentó ocultarse en Jalisco.
También hay órdenes de arresto en contra de su hermana Lorena Ferrat y su hermanastra Ayesha Ferrat Fonseca, en contra de las cuales hay fichas rojas de Interpol emitidas pues hay evidencia de que huyeron a Canadá.
El pleito familiar y el fraude
El conflicto que derivó en la detención del referido notario surgió en 2008 con el rápido deterioro de salud Román Ferrat Sola, empesario e influyente político priista y exsecretario de finanzas en el estado de México.
Ferrat había procreado hijos con tres mujeres. Los primeros cinco con su esposa, de la que nunca se divorció, Marcela Ramona García Paniagua, hija del general Marcelino García Barragán, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz y hermana de Javier García Paniagua, exdirector federal de Seguridad y exsubsecretario de Gobernación en el sexenio de Luis Echeverría.
Tras separarse de Marcela, Ferrat tuvo una breve relación con otra mujer con la que engendró una hija, Ayesha Ferrat Fonseca. Y finalmente se juntó con la que fué su última pareja en vida por casi dos décadas, María Guadalupe García Cabello, con la que tuvo dos hijos más: Jorge Ángel Ferrat García – quien padece una discapacidad intelectual- y María Teresa Ferrat García.
En mayo de 2008 el empresario ingresó de emergencia al Hospital Español donde se le identificaron, entre otros padecimientos, la presencia de tumores cancerígenos en la cabeza por lo que fue sometido a diversos tratamientos, entre ellos una cirugía en la cabeza.
De acuerdo con la averiguación previa, fue en ese momento cuando los hijos de la primera pareja del empresario se aliaron con su hermanastra, Ayesha Ferrat, para fabricar un entramado legal con el fin de asegurar que los bienes y recursos del empresario se repartieran ente ellos, y no con los hijos de la última pareja.
Para ello, según la investigación, contaron con el apoyo del notario Porcayo Vergara, quien accedió en ese momento a formalizar y registrar un testamento universal supuestamente fechado desde el 12 de abril de 1980. Luego se simuló un poder otorgado por Ferrat a sus hijas Lorena y Ayasha, en las que las autorizaba para, a su vez, crear un fideicomiso que reuniera todas sus propiedades y las acciones de sus empresas.
Todos estos movimientos legales ocurrieron, supuestamente, mientras Román Ferrat Sola estaba en un estado de salud crítico. De hecho, hay documentos que se asegura que fueron firmados el día en que fue intervenido quirúrgicamente de la cabeza.
Tras perder la vida ese mismo año a causa de los padecimientos de salud, se dio inicio al proceso de cesión testamentaria y ese fue el momento en el que Guadalupe García Cabello y sus hijos se enteraron de los movimientos que habían hecho sus hermanastros y que los habían dejado sin derecho a reclamar la parte proporcional de los bienes.
En consecuencia, iniciaron un juicio testamentario y cuando se solicitó al notario Porcayo Vergara la información sobre el instrumento notarial correspondiente al testamento, este lo avaló como bueno. Y aunque reconoció que no lo había registrado en casi tres décadas dijo no tenía duda de que esa era la voluntad de Ángel Ramón Ferrat Sola.
La investigación y captura
En el 2013 Guadalupe García Cabello denunció los hechos ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con lo que se abrió la averiguación previa correspondiente. Y con ello arrancó una larga investigación de casi ocho años hasta que se reunieron las pruebas necesarias para proceder en contra de los implicados.
“La búsqueda de la justicia para las víctimas ha encontrado diversos obstáculos judiciales y sobre todo, han sufrido una violencia y revictimización por parte de los hoy imputados al denostar su actuar. Tenemos confianza en las autoridades y en los procesos penales que se iniciaron hace más de 8 años. El derecho a la verdad es fundamental en este tipo de asuntos”, declaró el asesor jurídico de las víctimas, Adrián Regino, litigante del despacho Regino Abogados.
En la consignación enviada ante el juez, los fiscales presentaron peritajes, expedientes clínicos y declaraciones que probaron que el testamento y los poderes eran fabricados u apócrifos. En el caso específico del testamento se determinó que las firmas no coincidían, y que el documento carecía del sello correspondiente.
Además, el Ministerio Público concluyó que no era creíble que el empresario mexiquense hubiera firmado un testamento universal en 1980 y que durante 28 años no formalizó ni inscribió en el registro notarial, hasta que justamente fue internado por los padecimientos terminales que se le diagnosticaron.
El 28 de octubre de 2021 el juzgado 17 en Materia Penal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, giró las órdenes de aprehensión en contra de los hermanos Lorena y Héctor Roberto Ferrat García, y del notario público Porcayo Vergara. Todos por su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal.
Héctor fue detenido unos días después en el estado de Jalisco y desde esa fecha se encuentra procesado, mientras que en contra de su hermana Lorena existe una ficha roja de Interpol dado que hay registros de que huyó a Canadá junto con otros familiares.
Por su parte, el notario Porcayo Vergara intentó a través de una demanda de amparo frenar la orden de aprehensión en su contra, y aunque tuvo una suspensión definitiva la misma fue anulada luego de que falló en presentarse voluntariamente ante el juzgado que lo reclamaba para rendir su declaración preparatoria. Entonces se escondió. No en su notaría ni en su domicilio oficial sino en un tercer inmueble. Ello motivó a la Fiscalía de Mandamientos Judiciales y a la policía de investigación a realizar trabajos de inteligencia y de campo para dar con su paradero.
Finalmente, gracias al seguimiento que se realizó al hijo del notario, quien lo visitaba de forma constante para llevarle documentos de su notaría y poder firmarlos, es como se pudo ubicar el domicilio en el que presuntamente se encontraba. Con la información la fiscalía obtuvo de un juez de control una orden de cateo que permitió ingresar al domicilio y detener al notario.