En puerta tercer amparo, debido a postura de jueza de control
El polémico caso de los 11 funcionarios y empresarios vinculados a la ilegal donación de un terreno perteneciente a la Central de Abastos de Mérida dio un giro de 180 grados debido al radical cambio de perspectiva de la jueza Elsy del Carmen Villanueva Segura, al emitir el respectivo fallo a favor del Ayuntamiento de Mérida.
Bajo la postura de que los locatarios de la CAM no son los propietarios de la Central, determinó que fue legal la donación que realizó la comuna a favor del gobierno del Estado, por lo que “no hay ejercicio de la acción penal, tal como en un principio lo estableció la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el Juzgado Segundo de Control de Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, hoy se dio continuidad a la respectiva audiencia, pero lo más sorprende de todo, fue totalmente diferente a los tres eventos anteriores, los cuales se caracterizaron en demostrar el favoritismo de la FGE hacia los presuntos responsables, por parte de los jueces.
En las primeras dos audiencias, tanto Villanueva Segura como el juez Santos May Tinal reprobaron la desidia y la falta de profesionalismo de los fiscales, en el tercer evento, la jueza mantenía firme su postura, pero poco después del mediodía, por “razones de salud” optó por posponer el acto para hoy, y al final, el fallo fue en contra de los locatarios.
Al respecto, el presidente de la Unión de Comerciantes de la CAM, Luis Moisés González Ojeda, reprobó el veredicto, ya que existen los delitos de fraude y abuso de confianza, por lo que impugnarán el caso por la vía del amparo.
De igual forma, abundó que hay un buen avance en los dos amparos federales que hay sobre la misma problemática, cometida por los integrantes de la junta que entregaron al Ayuntamiento de Mérida un terreno de nueve hectáreas que no le pertenecía, el cual fue donado al gobierno del Estado, para la construcción y funcionamiento de la Escuela Normal de Educación Primaria de Yucatán (Enepy) “Rodolfo Menéndez de la Peña”.
En la carpeta administrativa 94/2022 se enuncia a 12 servidores públicos y empresarios, pero en esta audiencia se reconoció el fallecimiento de uno de ellos, específicamente Miguel Ángel Gutiérrez Machado, ex secretario técnico, operativo y coordinador de paramunicipales, quien perdió la vida a consecuencia del Covid-19.
Por tercera ocasión no acudieron Paulino Hernández Herrera, autonombrado “líder” de la Unión de Mayoristas de la Central de Abastos de Mérida, así como la ex regidora y la administradora de la CAM, Nora Argelia Pérez Pech.
Al Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) también debieron de acudir el representante del presidente municipal de Mérida, durante el trienio 2018-2021 y presidente del Consejo de Administración, Alejandro Iván Ruz Castro.
Asimismo, se citó a Laura Cristina Muñoz Molina, en su calidad de directora de Finanzas; Gonzalo Navarrete Castilla, de la Dirección de desarrollo Económico; así como el ex regidor Eduardo Seijo Solís.
De igual forma, se invitó a acudir a Ignacio Gutiérrez Solís, consejero jurídico del Ayuntamiento, y se solicitó la presencia de Michel Salum Francis.
Todos ellos debieron comparecer a la denuncia penal interpuesta por el presidente de la Unión de Comerciantes de la CAM, Luis Moisés González Ojeda, y al no acudir se les multaría con mil 924.40 pesos.
