A regañadientes, la jueza Elsy del Carmen Villanueva Segura obligó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a hacer a un lado la desidia y ponerse a trabajar, pues en la audiencia de hoy se abstuvo a citar a los 12 empresarios y funcionarios municipales del segundo trienio del alcalde Renán Barrera Concha, e incluso, los representantes del gobernador Mauricio Vila Dosal, implicados en el sonado caso de la Central de Abastos de Mérida, bajo el pretexto que desconocen el domicilio de las figuras públicas señalados como investigados.
De manera directa, y sin titubear, al representante de la FGE le dio un plazo de 10 días naturales para notificarle que ya entregó los respectivos citatorios, el cual que empezará a correr a partir de mañana, jueves 9, cuando entregue el respectivo oficio a la Policía Estatal Investigadora (PEI).
“Mañana quiero una copia del oficio que entregarás a la PEI, de lo contrario, a tí te podré una multa equivalente a 20 Veces de Salario Mínimo”, sentenció al representante de la FGE, quien pretendió emendar la negligencia al responsabilizar a la parte acusadora de no proporcionar la dirección de las personas señaladas como investigados.
La representante del Poder Judicial del Estado afirmó que la labor de la FGE es investigar y más que la parte demandante determinó que desconoce la dirección de las personas presuntamente implicados.
“Si la Fiscalía no puede, para ello tiene a su cargo a la PEI, la cual se puede avocar a la investigación de los domicilios de las personas, para que sean citadas a la audiencia, y sean ellas mismas quienes decidan si quieren presentarse o no al proceso” que se efectúa en el Juzgado Segundo de Control de Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, expresó
De las 12 figuras públicas mencionadas en el expediente 94/2022, ninguno se presentó a la audiencia convocada a las 11:30 horas y la FGE argumentó que no los pudo citar debido a que “no se cuenta con el dato de sus domicilios”.
Ante la enérgica llamada de atención, la FGE expresó que sólo se localizó la dirección de Paulino Hernández Herrera y Nora Argelia Pérez Pech, pero ninguno de los dos acudió a la audiencia.
La jueza, de nueva cuenta arremetió en contra del representante de la FGE, y le dijo “antes que te vayas me dejas la dirección de Paulino Hernández y Nora Argelia Pérez”, es decir, desconfió de la dependencia estatal.
Ante la actitud cometida por la FGE, la jueza tuvo que suspender la audiencia, la cual se reanudará una vez que los 12 señalados sean citados a acudir.
La audiencia inició a las 11:40 horas y concluyó a las 12:02 horas, sin embargo, el reloj que estaba en la sala siempre marcó las 5:37 horas, pues no tenía pilas.
Al Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) debieron de acudir el ex representante de la Unión de Mayoristas de la Central de Abastos de Mérida, Paulino Hernández Herrera, así como el representante del presidente municipal de Mérida, durante el trienio 2018-2021 y presidente del Consejo de Administración, Alejandro Iván Ruz Castro.
Asimismo, se citó a Laura Cristina Muñoz Molina, en su calidad de directora de Finanzas; Gonzalo Navarrete Castilla, de la Dirección de desarrollo Económico; así como los hoy ex regidores Eduardo Seijo Solís y Nora Argelia Pérez Pech.
De igual forma, se invitó a acudir a Roberto Felipe Osorio Robertos, de la Administración General de la CAM; Ignacio Gutiérrez Solís, consejero jurídico del Ayuntamiento, Miguel Ángel Gutiérrez Machado, ex secretario técnico, operativo y coordinador de paramunicipales, pero éste último, falleció a consecuencia del Covid-19.
También se convocó a Carlos Gamboa Ponce, como representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servitur).
E incluso, se solicitó la presencia de Michel Salum Francis y Luis Felipe Martín Oroza, representantes de Vila Dosal.
Todos ellos debieron comparecer a la denuncia penal interpuesta por el presidente de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos de Mérida, Luis Moisés González Ojeda.