El próximo miércoles 8, empresarios y funcionarios municipales del segundo trienio del alcalde Renán Barrera Concha, e incluso, los representantes del gobernador Mauricio Vila Dosal, acudirán a la primera audiencia para el esclarecimiento de los posibles hechos delictivos cometidos durante la “donación” de nueve hectáreas de terreno propiedad de la Central de Abastos de Mérida para la construcción y funcionamiento de la Escuela Normal de Educación Primaria de Yucatán (Enepy) “Rodolfo Menéndez de la Peña”.
El evento jurídico se efectuará a las 11:30 horas, en el Juzgado Segundo de Control de Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, para el inicio del proceso del polémico caso cometido en contra de los locatarios.
Al Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) deberán de acudir el ex representante de la Unión de Mayoristas de la Central de Abastos de Mérida, Paulino Hernández Herrera, así como el representante del presidente municipal, durante el trienio 2018-2021 y presidente del Consejo de Administración, Alejandro Iván Ruz Castro.
Asimismo, se citó a Laura Cristina Muñoz Molina, en su calidad de directora de Finanzas; Gonzalo Navarrete Castilla, de la Dirección de desarrollo Económico; así como los hoy ex regidores Eduardo Seijo Solís y Nora Argelia Pérez Pech.
De igual forma, se invitó a acudir a Roberto Felipe Osorio Robertos, de la Administración General de la CAM; Ignacio Gutiérrez Solís, consejero jurídico del Ayuntamiento, Miguel Ángel Gutiérrez Machado, ex secretario técnico, operativo y coordinador de paramunicipales, pero éste último, falleció a consecuencia del Covid-19.
También se convocó a Carlos Gamboa Ponce, como representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servitur).
E incluso, se solicitó la presencia de Michel Salum Francis y Luis Felipe Martín Oroza, representantes de Vila Dosal.
Todos ellos deberán comparecer a la denuncia penal interpuesta por el presidente de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos de Mérida, Luis Moisés González Ojeda.
En caso de no acudir a la solicitud del respectivo juez, se le impondrá una multa equivalente a 20 veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que sería de mil 924.40 pesos.
González Ojeda remarcó que la Escuela Normal Superior se construyó en un lugar inadecuado, en un terreno que no le pertenece al Ayuntamiento de Mérida.
Asimismo, advirtió que “no estamos en contra de la educación, al contrario, debe de existir más colegios pero en lugares adecuados, en terrenos sin propietarios”.
Aclaró que la Central de Abasto de Mérida es un organismo público descentralizado con figura jurídica y patrimonios propios, en la cual laboran 50 empresas, y en un principio tenía una extensión de cerca de 40 hectáreas.
