Pese las arbitrariedades cometidas en la Central de Abastos de Mérida, el alcalde Renán Barrera Concha afirmó que “es un caso resuelto”, el cual fue politizado por los locatarios.
Sin embargo, el edil se negó a ahondar sobre la problemática que prevalece, así como el motivo por el cual cercó un área que no le corresponde al Ayuntamiento de Mérida.
En conferencia de prensa expresó que “es un tema que se ha politizado, se ha partirizado, (los locatarios) ha tomado banderas políticas”, expresó, pero sin responder el motivo por el cual utilizó a la policía estatal para invadir una propiedad, tampoco enunció que la comuna violó el amparo emitido por el Juzgado Federal del Quinto Distrito, y mucho menos habló sobre la obra que se pretende construir en el lugar.
Asimismo, abundó que “es un tema claro y resuelto”, pero el edil se abstuvo a emitir que el proceso aún sigue, al menos en el Juzgado Federal del Quinto Distrito, además que el caso se ventila en el Legislativo local, así como en el Congreso de la Unió, además que en el Senado de la República, e incluso, los locatarios de Mérida cuentan con el apoyo incondicional de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimientos (Flama).
Incluso, Barrera Concha afirmó que “si hay algún asunto para dirimir, hay las instancias para ello”, pero no contestó la inconformidad de los locatarios, quienes han pedido audiencia para dar una pronta solución del caso, y hasta el momento no hay fecha alguna.
El edil no quiso contestar más preguntas sobre el tema, pues estaba visiblemente enojado por el cuestionamiento.
El conflicto lleva más de dos años, el cual se complicó en 2020, y la situación empeoró dos años después, y hasta el momento se niega a dialogar con los locatarios.
El presidente de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos de Mérida, Luis Moisés González Ojeda, aclaró que la Central de Abasto de Mérida es un organismo público descentralizado con figura jurídica y patrimonios propios, en la cual laboran 50 empresas, y en un principio tenía una extensión de cerca de 40 hectáreas.
Recordó que fue creada por decreto federal de 1982, durante la administración del presidente José López Portillo y del gobernador Francisco Luna Kan, cuyo proyecto tiene un plazo de 100 años.
Aunque de acuerdo con la página oficial del Ayuntamiento de Mérida se establece que “ante la necesidad de crear un centro de abastecimiento comercial el Congreso del Estado de Yucatán por medio del Decreto 526 decreta La Ley que crea el Órgano Descentralizado Central de Abasto de Mérida, promulgada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el día 5 de enero de 1982, entrando en vigor al día siguiente de esta”.
La misión es “proporcionar un espacio suficiente, seguro y adecuado para la venta al mayoreo y menudeo de frutas y verduras, con las áreas necesarias para la carga y descarga de productos a comercializar”, y cuya visión es “ser una Central de Abasto limpia, segura, con una estructura sólida y planificada, para lograr ser la primera opción de abasto alimentario del Estado”.
“A lo largo de 40 años, nunca hemos recibido apoyo de algún alcalde, pero desde que empezó la administración de los ediles emanados del Partido Acción Nacional (PAN) comenzaron los problemas, al grado que ya nos quitaron cerca del 40 por ciento de lo que nos pertenecía, y ahora quieren apropiarse de nueve hectáreas de terreno y eso no lo vamos a permitir”, aseveró durante la entrevista concedida.
Lo más irónico de todo, en 2015, Barrera Concha prometió la modernización de la Central de Abastos de Mérida, incluyendo la construcción de nuevas naves, pero “fuimos víctimas de los engaños del alcalde”.
Recordó que ante las anomalías cometidas, interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público del Fuero Común, en contra de diversos integrantes del Consejo de Administración de la Central de Abastos.
Por los delitos de abuso de confianza y fraude acusó a su antecesor, Paulino Hernández Herrera, así como en contra de quien o quienes resulten responsables.
Hernández Herrera otorgo su consentimiento para donar al gobierno del Estado el predio 364 de la calle 59 B del fraccionamiento Yucalpetén, decisión que tomó “sin que exista y medie autorización, consentimiento y consenso por parte de los 41 socios de la Unión de Mayoristas”.
El entrevistado señaló que dicho acto se realizado en completo hermetismo y en complicidad con diversos funcionarios, empresarios y representantes de cámaras comerciales.
Ejemplificó el caso del representante del Ayuntamiento de Mérida y presidente del Consejo de Administración, Alejandro Iván Ruz Castro; la directora de Finanzas, Laura Cristina Muñoz Molina; el Representante de la Dirección de Desarrollo Económico, Gonzalo Navarrete Castilla, y la regidora Nora Argelia Pérez Pech.
De igual forma está el Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Mérida, Ignacio Gutiérrez Solís; el representante del Presidente de la Canaco-Servytur, Michel Salum Francis, Carlos Gamboa Ponce, y el hoy finado Miguel Ángel Gutiérrez Manchado, secretario técnico Operativo y Coordinador de Paramunicipales.
Incluso, estuvo presente Luis Felipe Martin Oroza, como representante del gobernador Mauricio Vila Dosal.
“Los hechos se desarrollaron a espaldas y sin ser consensado o comunicado a los 41 socios de la Unión de Mayoristas”, subrayó.
Comentó que “Hernández Herrera nunca nos comunicó o convocó para realizar tal acción, que fue de haber dado su autorización y consentimiento para realizar una parte del predio que pertenece a nuestra Asociación a favor del Gobierno del Estado, teniendo por hecho que a cambio de esa autorización estuvo por consiguiente un beneficio personal, siendo por lo tanto que esa donación fue realizada de manera unilateral y sin el quórum requerido, siendo por lo tanto fraudulenta”.
Enfatizó que “Hernández Herrera no tenía el derecho de enajenar el predio, ya que es de uso exclusivo para la Central de Abastos de esta ciudad capital”.
Después de actuar con dolo, convocó a una asamblea para renunciar al cargo de presidente de la asociación, es decir, actuó de manera sospechosa, motivo por el cual lo denunció penalmente.