A partir de la próxima semana se determinaría el desalojo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Casa del Pueblo, ya que con un amparo, el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas de Yucatán pretende convertir el inmueble en la sede del Supremo Consejo Maya.
El gobernador maya, Felipe Neri Espinosa, expresó que el Juzgado Tercero de Distrito, a cargo de Karla Alexandra Domínguez Aguilar, solicitó al Poder Ejecutivo local la devolución del inmueble ubicado en la calle 48 con 65 del Centro Histórico de Mérida, ya que “patrimonio de los yucatecos”.
“Los priístas son los invasores”, expresó durante la conferencia de prensa que sustentó al aseverar que tienen todas las de ganar, ya que “el amparo está sustentado”.
Sin embargo, titubeó cuando se le explicó que Dulce María Sauri Riancho, en su calidad de gobernadora vendió el edificio al PRI por un monto de 300 pesos, ante la intensión de la alcaldesa Ana Rosa Payán Cervera de comprarlo, para convertirlo en la sede del Partido Acción Nacional (PAN).
Asimismo, se abstuvo a declarar sobre si solicitaron el título de propiedad que emite el Registro Público de la Propiedad, e insistió que es el Gobierno del Estado quien debe de devolver la Casa del Pueblo a los yucatecos.
“Sigue siendo el patrimonio del pueblo. La Máxima de Derecho dice que aún estado en tiempo y forma a nadie le puedo quitar algo y dárselo a otro. Está sustentado todo jurídicamente y por eso se presentó el amparo, lo que está hecho es lo que se va juzgar, y quien la tenga no nos importa, el Poder Ejecutivo tiene que devolver la casa al pueblo.
Con el amparo se pide que se regrese la posesión y propiedad de la Casa del Pueblo, por lo que la juez obligará al gobierno del Estado a responder si el inmueble lo va a entregar o no. En dado caso que el pronunciamiento sea negativo, entonces habría un segundo amparo por ese acto.
En dado caso que no responda, se le dará un plazo de 15 días hábiles, y al vencer el período sin contestación alguna, el Juzgado debe de proceder conforme a derecho.
De lograr que el edificio sea la sede del SCM, se construirán 40 habitaciones, en los cuales se puedan hospedar, los apicultores, horticultores y floricultores, entre otros productores que vinieron a Mérida, cada una de ellas con dos hamaqueros, cocineta y baño, y no como ahora, que tienen que dormir en el suelo.
Asimismo, la plazoleta dejará de ser estacionamiento, y está cubierto de monumentos mayas, en el interior habría un centro de exhibición, ambos como un atractivo turístico, además de un restaurante, etc.
Para todo ello, el SCM invertiría tres mil millones de pesos, recurso que saldría se su propio presupuesto, el cual, hasta el momento no lo ha autorizado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tampoco le han decretado el acta de organización y de administración del SCM y mucho menos el presupuesto, que oscilaría en seis mil 300 millones de pesos.