Aunque parece insólito, cuatro familias tuvieron que esperar dos décadas para ganar el derecho del cobro de la pensión alimenticia para menores de edad, pues apenas el año pasado el Juzgado Primero de la Familiar emitió la respectiva sentencia a favor.
Por ende, la activista integrante de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy), María Eugenia Núñez Zapata, afirmó que la justicia rápida y expedita es una falacia, al menos en el Poder Judicial del Estado de Yucatán (PJEY), pues en 2021, en el Juzgado Primero de la Familiar se resolvieron cuatro expedientes que llevaban una antigüedad de 20 años de litigio para la pensión alimenticia.
Asimismo, indicó que recientemente decidieron investigar el número de mujeres que han pasado dos o tres años sin poder ver a sus hijos y sin recibir dinero para la manutención de los hijos, por lo que avocaron a investigar y se delimitó primeramente conocer los casos de 2021 y en materia de lo familiar.
“Se detectó un universo de quejas, en total fueron 853 sentencias de primera instancia del PJEY e materia de lo familiar, pero la sorpresa fue aún más grande”, acotó durante la conferencia de prensa que presidió.
Abundó que se emitieron 11 sentencias con una antigüedad de entre 10 a 20 años, es decir, de madres de familia que no pudieron ver a sus hijos en ese lapso de tiempo o que no recibieron los recursos por parte de su pareja.
Todos estos casos corresponden al Juzgado Primero de la Familiar, y ejemplificó el caso del expediente 2673/2001, cuyo caso se resolvió después de 20 años, le siguió el 5986/2003, con una antigüedad de 18 años; el 1297/2004, con 17 años, y el 4050/2005, con 16 años, y en todos estos, la causa fue la pensión alimenticia.
Por la causa de guarda y custodia, el más añejo es el expediente número 2811/2007, por lo que el caso duró 14 años, es decir, en este lapso de tiempo, la mujer no pudo ver a sus vástagos.
“Es lamentable que la autoridad no sea capaz de obligar o presionar que le de la oportunidad de ver a sus hijos, o que reciba el dinero para que su hijo pueda comer”, subrayó.
Destacó que desafortunadamente, por parte de los jueces y los magistrados “hay una revictimización de las víctimas, pues cómo va ser posible que una mujer tenga que esperar 20 años para que le concedan la obligación de recibir recursos para mantener a su familia.
Lo peor de todo, es el caso de una mujer que tuviera que esperar 14 años para que pueda ver a sus hijos, ya que en ningún momento el juez hizo de su parte para acelerar el proceso jurídico.
La Constitución Política de México establece como principios de la certeza jurídica la rapidez, la prontitud y la expeditez, la cual no establece términos precisos, pero sí es una garantía de la pronta resolución por parte de la autoridad hacia una petición del usuario, en un breve término, que en cifras actuales puede variar de uno a dos o más años, que pueden ocurrir en el proceso de dictar el derecho y administrar justicia.
Sin embargo, al menos en Yucatán, el año pasado se emitieron 15 sentencias con una antigüedad de entre nueve y 20 años.
Hasta el momento, se desconoce el número de expedientes sin resolver que hay en los juzgados, así como la antigüedad de los mismo,
Núñez Zapata aseveró que los niños son los que más sufren debido a la actitud de los padres que están en litigio, y la situación se complica ante la desidia de los jueces y magistrados.
A futuro, esos niños serán los adultos reproductores de la violencia familiar o que no pueden desarrollar correctamente sus capacidades, concluyó.
