Académicas y representantes de diversas asociaciones feministas establecidas en la entidad demostraron que en Yucatán, de cada 10 mil actos de violencia contra la mujer que ocurren sólo 18 se dan a conocer de manera oficial, ya sea porque interpuso una denuncia penal, a la cual le dio continuidad, o porque ingresó a una clínica u hospital, debido a las lesiones que sufrió.
Lo peor de todo, es el desinterés que prevalece por parte de las autoridades, pues hace seis meses solicitaron una audiencia con el gobernador Vila Dosal y hasta el momento no hay respuesta alguna, y en el caso de los secretarios de Salud de Yucatán (SSY) y de Seguridad Pública (SSP), Mauricio Sauri Vivas y Luis Felipe Saidén Ojeda, respectivamente, ya son más de tres meses.
Denunciaron el grave problema de subregistro que prevalece en el Estado, tanto en Mérida como en los municipios conurbados, sobre todo, en el resto de los municipios, donde no hay programas de prevención.
“Así como se realizó con la campaña de ¡Quédate en cada!, y de ¡Lávate las manos!, también se debe de realizar de realizar un programa masivo de prevención y control de la violencia familiar”, aseveró la especialista de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Gina Villagómez Valdés.
En la presentación del nuevo sitio web Yucatánfeminicida.org, la representante estatal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Adelaida Salas Salazar, resaltó que “por muchas razones, nuestras cifras no coinciden con las oficiales del gobierno del Estado, por lo que es notable el subregistro que prevalece”.
Enunció que cuando una mujer ingresa a un nosocomio, víctima de la violencia o de un intento de violencia, de manera inmediata, la Fiscalía General del Estado (FGE) debe de abrir una carpeta de investigación, pero el personal de la dependencia le preguntan a la víctima si desea interponer una denuncia penal.
“Es obvio que el 99.1 por ciento de las afectadas no denuncia, principalmente por miedo, así como por la falta de dinero para trasladarse de un lugar a otro para acudir a las diligencias, entre otros factores”, expresó la investigadora de la UADY, Ligia Vera Gamboa.
Lo peor de todo, cuando se interpone una querella por violencia y la denunciante no acude para dar seguimiento a su caso, la carpeta de investigación se convierte en parte del archivo muerto de la FGE y no se incluye dentro de la estadística de violencia familiar.
Además, en la página electrónica se incluye los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob) así como de la Secretaría de Salud federal.
E incluso, los casos de atención que brindan las asociaciones que apoyan a las mujeres, así como datos obtenidos a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inaip), entre otras fuentes de información que la FGE no utiliza para que dar a conocer la verdadera situación de la violencia en Yucatán.
Villagómez Valdés lamentó la falta de un protocolo de atención de violencia en los municipios así como en las comisarías de Mérida.
Tampoco hay un mapa sobre la violencia contra la mujer, por lo que además del subregistro prevalece el desconocimiento de la problemática.
Vera Gamboa expresó en 2020, en Yucatán se vivió una doble pandemia, pues además del Covid-19 también predominó la violencia, sólo que la verdadera situación no se refleja de manera adecuada, debido a la omisión y desinterés del gobierno del Estado.
Finalmente, se comentó que el movimiento a favor de la mujer busca la equidad de género, ya se demostró la problemática ahora sólo falta aplicar los correspondientes programas.
