- Obispos y un arzobispo de esa entidad también estaban en la “nómina secreta” de César Duarte
CHIHUAHUA.- Un Juez de Control retiró el pasaporte a María Eugenia Campos Galván, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Chihuahua, por el caso de la “nómina secreta” que involucra al exgobernador César Duarte Jáquez.
En la audiencia de formulación de la imputación y vinculación a proceso de María Eugenia Campos y otros dos exlegisladores, se conoció que los obispos y arzobispo de Chihuahua, así como la priista Beatriz Paredes, entre otros, habrían sido parte de la nómina secreta del exgobernador César Duarte Jáquez, hoy preso en Miami, Florida.
Además de quitarle la identificación con la que Campos Galván puede salir de México, las medidas cautelares en su contra incluyen también la garantía económica de 500 mil pesos y la prohibición de tener comunicación o contacto con los testigos del caso. La audiencia de vinculación o no a proceso se fijó para el martes 30 de marzo.
Después de posponer la audiencia con amparos por ocho ocasiones, esta mañana concluyó y el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez prohibió salir del país y dejar una garantía de 500 mil pesos a Campos Galván, al excoordinador de la bancada priísta en el Congreso local, Rodrigo de la Rosa Ramírez y a María Ávila Serna, exdiputada del Partido Verde Ecologista de México y dirigente de ese partido en la entidad.
La también alcaldesa con licencia está acusada de recibir 9 millones de pesos para ella y para el excoordinador de la bancada panista y secretario del ayuntamiento de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, como parte de la “nómina secreta”.
De la Rosa Ramírez habría recibido 2 millones y medio y Ávila Serna, 3 millones 800 mil pesos. El dinero lo habrían recibido a cambio de aprobar iniciativas de César Duarte en el Congreso local, así como la cuenta pública de 2014.
De acuerdo con la causa penal 2821/20, los desvíos los hicieron del dinero que iba destinado al pago de nómina de personal del gobierno estatal hacia la nómina secreta, para el pago a exlegisladores, exdirigentes de partidos, políticos de diferentes niveles, periodistas y obispos, con un monto de 172 millones 633 mil 333 pesos.
El Ministerio Público detalló que, por la documentación contable, se conoce que el dinero se trataba de pagos extraordinarios por compensaciones y los cheques los cobraron en efectivo a través de la empresa de traslado de valores Servicio Panamericano.
En la caja fuerte de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda estatal localizaron 190 recibos firmados por los beneficiarios de manera presuntamente irregular y encontraron además 306 recibos firmados por pagos de esos recursos. Los recursos correspondían a la cuenta 166143970 de BBVA Bancomer a nombre de la Secretaría de Hacienda.
Del monto total, 74 millones 976 mil 677 fueron derogados en el 2014 y más de 97 mil pesos en el 2015, cuando los tres imputados eran legisladores del último trienio de César Duarte.
Durante la audiencia de formulación de la imputación, el Ministerio Público solicitó que se realizara de una vez la audiencia de vinculación a proceso de los imputados. La defensa de Campos Galván y de María Ávila solicitó la ampliación del término y el juez estableció el martes 30 de marzo para determinar la vinculación o no a proceso.
Entre los pagos de la nómina secreta también están señalados priistas que lo utilizaron para las elecciones en Chihuahua y otras entidades del país, con un monto estimado de 95 millones. El PRI en el estado recibió 3 millones 671 mil pesos para quien era presidente estatal, Pedro Mauli Romero, quien ya fue sentenciado.
El Ministerio Público presentó siete testigos protegidos y más de 60 testigos no protegidos, entre funcionarios y exfuncionarios, señalados en la nómina secreta, entre ellos funcionarios del Instituto Estatal Electoral.
Otras personas que aparecen en la nómina secreta son: la exdirigente del PRI nacional, Beatriz Paredes Rangel; Christopher James Barousse, exlíder juvenil del PRI nacional, quien está procesado y preso por la misma causa; Pavel Aguilar, exdirigente del PRD; Graciela Ortiz González, exfuncionaria duartista y candidata a la gubernatura por el PRI; Hortensia Aragón Castillo, exlegisladora del PRD y quien regresó 300 mil pesos; el director de El Heraldo de Chihuahua, de la OEM, Javier Contreras Orozco, quien devolvió 10 millones de pesos; Cruz Pérez Cuéllar, senador por Morena y exdirigente estatal de Movimiento Ciudadano, quien enfrenta un proceso de desafuero.
Además, Santiago Moreira Valles; el alcalde con licencia de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, quien regresó el dinero; Gerardo Villegas Madriles, procesado con varias causas penales y en prisión; Teokali Hidalgo, exdirigente municipal del PRI, quien regresó 152 mil pesos; César Martínez; Liz Aguilera, exlegisladora y excontralora del gobierno duartista; Doroteo Zapata, dirigente de la CTM y su hija Georgina Zapata, exlegisladora federal.
Además, cada obispo habría recibido 100 mil pesos mensuales y el arzobispo 200 mil, que les eran entregados a través del exfuncionario estatal, Octavio Acosta, según los testimonios.
Una de las principales beneficiarias es la Unión Ganadera División del Norte, fundada y dirigida por César Duarte y sus colaboradores más cercanos, a través de la cual desviaron 73 millones de pesos.
Duarte se desempeñó como Gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, y está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos. México solicitó su extradición a finales de 2019.
El exgobernador asegura que llegó a Estados Unidos a finales de 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. Antes de su detención en julio de 2020, pidió asilo político. Duarte alega que desconocía sus acusaciones cuando llegó y que llevaba una vida pública, sin ocultarse, en ese país.
El 10 de marzo, un tribunal federal le concedió la suspensión definitiva contra la orden de captura en México, en cuanto sea extraditado de Estados Unidos.
El Octavo Tribunal Colegiado Penal señaló que la resolución está condicionada a que antes de pisar territorio nacional las autoridades ejecuten la orden de aprehensión en su contra, es decir, tendrían que detenerlo en el avión mientras viaja a México.
De ser así, Duarte Jáquez sería puesto a disposición de un Juez de control de Chihuahua y después, un Juez de amparo del penal donde sea internado decidirá qué sucederá con su libertad provisional.