- En Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán
MÉRIDA, Yucatán.- Como parte de la fase de seguimiento de acuerdos del proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya, el gobierno federal realizó este viernes, sábado y domingo, 70 mesas de trabajo en las que participaron líderes y autoridades indígenas y comunitarios pertenecientes a las comisiones de seguimiento y verificación del proceso, en las 15 microrregiones donde se construye esta obra, a lo largo de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.
El objetivo fue identificar las acciones que “pueden atender de manera profunda las problemáticas más sentidas expresadas por las comunidades”, para impulsar condiciones de desarrollo inclusivo.
Además de la asistencia de más de 900 personas, entre líderes y autoridades indígenas y comunitarias, también participaron representantes de 35 dependencias e instituciones federales encabezadas por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur).
Al expresar su compromiso para atender las condiciones de rezago de los pueblos indígenas, al igual que emprender acciones para su empoderamiento ciudadano e inclusión en las decisiones de los grandes proyectos en el país, la administración federal indicó que con ello busca “reforzar la participación de las diversas comunidades a través de la planeación comunitaria, una dinámica que permite a la población reflexionar y dialogar entre sí sobre sus necesidades, recursos naturales y culturales, así como las limitantes que tiene para generar bienestar”.
Los representantes de las distintas dependencias presentaron durante las mesas los avances en el cumplimiento de los acuerdos pactados con las comunidades, para después escuchar las peticiones por microrregión, “lo que aporta congruencia técnica y administrativa a la aplicación de recursos federales a partir de una perspectiva territorial”.
Por medio de un comunicado, el gobierno federal detalló que para los encuentros con los miembros de la Comisión de Seguimiento y Verificación de Acuerdos de la microrregión, también acudieron personas observadoras en materia de protección y respeto de los derechos humanos, tanto nacionales, como internacionales.
Este ejercicio de diálogo es encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob), en su carácter de órgano garante; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en su carácter de órgano técnico y el Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur), en su carácter de autoridad responsable.
Asimismo, es acompañado por las más de 35 dependencias e instituciones federales que forman parte del Comité Técnico Interinstitucional para el proceso de consulta indígena sobre el proyecto de desarrollo Tren Maya.
El proceso busca reforzar la participación de las diversas comunidades a través de la planeación comunitaria, una dinámica que permite a la población reflexionar y dialogar entre sí sobre sus necesidades, recursos naturales y culturales, así como las limitantes que tiene para generar bienestar.
Estas acciones desarrolladas a través del diálogo circular, abierto y culturalmente pertinente buscan identificar las acciones que pueden atender de manera profunda las problemáticas más sentidas expresadas por las comunidades, con el fin de propiciar respuestas priorizadas para impulsar condiciones de desarrollo inclusivo.
Las comisiones de verificación y seguimiento, como mecanismo de gobernanza local para el Tren Maya, permiten honrar el compromiso de ser una iniciativa transparente que rinde cuentas a la sociedad y trabaja de la mano con las comunidades para incorporar su visión y perspectiva; con esto se reafirma el compromiso del gobierno federal de construir este proyecto de desarrollo con la participación de los pueblos.
En cada una de las reuniones se tocaron tres temas específicos. Primero, cada dependencia y organismo federal dio cuenta de los avances en el cumplimiento de acuerdos, así como de las acciones realizadas por las dependencias del Gobierno de México en el marco del proyecto de desarrollo Tren Maya.
A continuación, se llevó a cabo la dinámica participativa de priorización y agrupamiento de las peticiones en la microrregión, lo que aporta congruencia técnica y administrativa a la aplicación de recursos federales a partir de una perspectiva territorial.
En un tercer momento, los representantes de Segob expusieron a las y los miembros de la Comisión de Seguimiento y Verificación de Acuerdos de la microrregión, la estrategia de planeación participativa del gobierno federal, en su carácter de etapa de profundización del proceso de consulta indígena del proyecto Tren Maya.
Las y los integrantes de las comisiones mostraron interés en este ejercicio, ya que los acuerdos aseguran una continua actividad participativa en los proyectos complementarios al Tren Maya en cada comunidad.
Este ejercicio resalta la importancia de la rendición de cuentas en el avance en la atención a los acuerdos y compromisos establecidos en las anteriores reuniones y asambleas.
En un ambiente de entusiasmo, cordialidad y medidas de sana distancia, las comunidades trabajaron, a través de una metodología de construcción colaborativa, en la priorización de acciones para dar atención integral a las problemáticas más sentidas presentes en su territorio, elementos que servirán como fundamento para la definición de acciones interinstitucionales, no sectorizadas, que consideren el aspecto programático y presupuestal.
En las 15 microrregiones se implementaron 70 mesas de trabajo en las que participaron más de 900 personas, entre líderes comunitarios, autoridades indígenas, representantes de instancias federales y población en general, agrupadas en los siguientes ejes temáticos: Bienestar, Desarrollo Económico Inclusivo, Patrimonio Cultural, Infraestructura local y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Las sesiones de la Comisión de Seguimiento y Verificación tuvieron lugar en los cinco estados en los que se implementa el proyecto de desarrollo Tren Maya: Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. En ellas se contó con la participación de personas observadoras en materia de protección y respeto de los derechos humanos, tanto nacionales, como internacionales.